Durante casi cuatro horas, los presidentes autonómicos y regionales del PP han expuesto sus "reflexiones generales", que servirán de base para preparar las conferencias sectoriales en esas dos materias, según han informado a Europa Press fuentes asistentes a este encuentro.  

   Ese debate ha concluido con la firma de un manifiesto conjunto con los principales retos y compromisos que suscriben los gobiernos autonómicos del PP, como el cumplimiento de los objetivos de déficit y la reforma "profunda" de las administraciones públicas y de los servicios que se prestan, con la correspondiente eliminación de duplicidades y reordenación de competencias. Además, han apostado por fomentar la unidad de mercado y han manifestado un apoyo explícito a las reformas económicas que está impulsado el Ejecutivo central.

     Durante en el encuentro, que han calificado de "distendido", todos los presidentes han tomado la palabra para relatar en líneas generales problemas de sus autónomías y hacer algunas propuestas. Así, por ejemplo, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha planteado la emisión de "hispanobos" para garantizar la estabilidad financiera de las comunidades, y el extremeño José Antonio Monago ha hablado de la necesidad de buscar acuerdos, reeditando una especie de consensos similares a los que en su día se produjeron con los llamados "Pactos de la Moncloa".

   Esta "cumbre" se ha desarrollado en un "clima de responsabilidad" ante la actual situación económica por la que atraviesa España, según fuentes "populares". Así, la mayoría de las intervenciones han coincidido en que es necesario hacer reformas para poder mantener el Estado de Bienestar y los servicios básicos, sin entrar en detalle en medidas concretas.  

   Sin embargo, las citadas fuentes han asegurado que esas "reflexiones" ayudarán a preparar la sectorial de educación -se celebrará el lunes- y la de sanidad -tendrá lugar el miércoles-, y en las que se concretarán cómo y de dónde se van a recortar los 10.000 millones de euros anunciados por el Gobierno central.   

  Por lo pronto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha afirmado que Rajoy y los presidentes del partido se han comprometido a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello ha anunciado que establecerán un "sistema de prioridades" porque "de otra manera" sería "imposible mantenerlos", debido a la situación económica "heredada" del PSOE. Es más, ha dicho que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.  

   Al término de la reunión,  los presidentes del PP han sido prudentes en sus mensajes ante los medios de comunicación, sin desvelar grandes detalles. De esta forma daban cumplimiento a la instrucción que les dió el presidente del Gobierno pidiendo "discreción" para evitar filtraciones a la prensa con el fin de que los presentes pudieran hablar "en confianza", según las fuentes consultadas.

MANIFIESTO SUSCRITO POR LOS "BARONES" DEL PP

    La reunión, a la que se ha sumado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, ha acabado con la firma de un documento de cuatro páginas que recoge los ejes de actuación del partido en la actual situación de crisis. Se trata, en palabras de Cospedal, del "gran pacto" del PP, al que ha invitado a sumarse a otros partidos políticos.  

    En la citada declaración, los gobiernos del PP comparten que "es necesario recuperar el equilibrio de las cuentas públicas y las reformas económicas que mejoren la competitividad y la adaptabilidad de España". Además, señala que "ha llegado el momento de acometer de forma clara y profunda una reforma del conjunto de las administraciones públicas y de los servicios que prestan". Se trata, añade el texto, de usar con más eficiencia y capacidad los recursos que los ciudadanos "con gran esfuerzo ponen a disposición de todas las administraciones".  

   Además, apuestan por "eliminar duplicidades y ordenar competencias", pero sin devolverlas. El ordenamiento de las competencias, prosigue el texto, debe llevar a la eliminación de forma progresiva de las competencias impropias de las corporaciones locales. Además, "los servicios públicos se han de modernizar de forma que se racionalice su uso y se puedan prestar con más calidad a los ciudadanos", añade.   

 En el documento también se habla de la lealtad institucional y, en este sentido, sostienen que la Administración General del Estado "se compromete a no regular e imponer obligaciones de gasto a las comunidades autónomas sin que vayan acompañadas de la adecuada financiación".