Domingo, 13 de julio de 2025

su manera "oscura" de gobernar a punto de salir a la luz

Registran dos oficinas vinculadas a Cristina Fernández Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio ordenó la entrada en estos inmuebles de la ciudad de Buenos Aires por la investigación a Los Sauces tras el supuesto pago de dos empresarios por alquileres de pisos de esa empresa.

   En el primer domicilio están las oficinas de los administradores del consorcio de los departamentos que tiene Cristina Kirchner en Trinidad Guevara 329/95, Juana Manso 501/99 y Macacha Güemes 3322/94 en los pisos 4, 8 y 9, además de aparcamientos en ese inmueble.

   En el segundo domicilio allanado, en Sarandí 1456, está la administración del departamento de la calle San José al 1100 donde vive Florencia Kirchner --hija menor de Cristina Fernández y el también expresdiente Néstor Kirchner-- en un semipiso de Constitución valorado en 300.000 dólares.

   En uno de estos dos domicilios allanados la policía tuvo que hacer uso de la fuerza para acceder a un sector del inmueble, informa el diario 'La Nación' en su edición digital.

   Los agentes buscaron documentación relacionada con estos inmuebles, comprobantes de pagos de servicios y responsables de los gastos. Por ello se llevaron ordenadores y notebooks.

   La denuncia que originó este procedimiento fue presentada por la diputada Margarita Stolbizer. Los Sauces, según consta en los registros societarios, la constituyeron Néstor, Cristina y Máximo Kirchner en 2006 con unos porcentajes de 45, 45 y el 10 por ciento, respectivamente. Tras el fallecimiento del expresidente, la participación accionarial quedó de la siguiente manera: Cristina Kirchner 45 por ciento, Máximo Kirchner 32,5 por ciento y Florencia Kirchner 22,5 por ciento.

   Los Sauces incorporó propiedades a su patrimonio donde Lázaro Báez en ocasiones construyó inmuebles, los que a su vez eran alquilados al propio Báez y a Cristóbal López. esto les permitió un importante crecimiento económico y retirar fondos millonarios todos los años.

   La denuncia pide que se investigue a la ex presidenta por fraude, falsificación de documento público y omisión maliciosa de datos en sus declaración jurada de bienes. Además, se sospecha que las donaciones de empresarios serían en pago por la concesión de obra pública.


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