Jueves, 22 de mayo de 2025
¿Paulino Rivero es el presidente de la Comunidad Canaria o el secretario del sultan de Marruecos?
Rivero advierte de que si las prospecciones se hacen a 60 kilómetros de Canarias habrá "un conflicto" con Marruecos
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha advertido en el Pleno del Parlamento de que si las prospecciones petrolíferas se llevan a cabo a 60 kilómetros del archipiélago, el Estado "nos meterá en un conflicto" con Marruecos.
En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Mixto sobre los autos del Tribunal Supremo que avalan la autorización de las prospecciones, Paulino Rivero ha señalado que si las investigaciones de hidrocarburos se hacen a 60 kilómetros de Canarias se invadirá la mediana con Marruecos y, por lo tanto, el Gobierno del PP "nos habrá metido en un problema", recalcó.
El jefe del Ejecutivo canario también ha querido dejar claro que en el auto del Supremo no se dice que las prospecciones se van a realizar a 60 kilómetros de Fuerteventura, cuando "la realidad" es que se producirán a 9,6 kilómetros de distancia de la isla majorera.
Paulino Rivero ha dicho también que de momento van ganando "por goleada" los que defienden un modelo sostenible en Canarias y los que defienden el interés general por encima del interés particular, y "vamos ganando por goleada" en Lanzarote y Fuerteventura "tanto en lo social, como en lo político y lo institucional", agregó.
La diputada popular Australia Navarro, por su parte, consideró que Paulino Rivero ha salido "escaldado" tras los últimos autos del Supremo, y ha criticado que con su "huída" a Bruselas haya pretendido "internacionalizar" un conflicto en el que está haciendo "el ridículo más absoluto". "El único riesgo objetivo que tiene Canarias es el propio Rivero, que se gasta el dinero público en estas batallitas que le apasionan", agregó.
Ante este ataque, el presidente hizo hincapié en que el ridículo "más espantoso" lo hacen -en alusión al ministro Soria- quienes "defienden los intereses de una empresa privada por encima de los intereses de los canarios, y quien parece más un accionista de Repsol que un canario que defiende los intereses de las islas".
Además, ha insistido en que "está en juego" el modelo de Canarias en el que hay que preservar sus valores naturales, pues "son las herramientas más importantes para seguir desarrollando un sector que supone el 55 por ciento de los empleos que se generan en Lanzarote y Fuerteventura, que significa el 51 por ciento del PIB de Canarias y que no es compatible con los intereses de Repsol".
UNA BATALLA "LARGA"
El presidente del Gobierno de Canarias ha incidido en que la batalla jurídica contra las prospecciones "acaba de comenzar y será larga" porque, entre otras razones, el auto del Tribunal Supremo no ha entrado en el fondo del RD que autoriza las investigaciones de hidrocarburos.
Por ello, ha anunciado que el Ejecutivo canario presentará en los próximos meses una queja formal ante la Comisión Europea al entender que ha habido una vulneración de la Directiva Hábitat.
Igualmente, ha dicho que la Comunidad Autónoma está a la espera de la remisión del expediente del Supremo para plantear una demanda contra el fondo de la decisión del Consejo de Ministros, al considerar que ha podido haber una vulneración de la Ley de Hidrocarburos en cuanto a los plazos para la caducidad de las autorizaciones -que culminan a los seis años y éstas se dieron en 2001- y en lo que se refiere a la decisión "unilateral" para beneficiar a una sola empresa.
Además, ha insistido en que el Gobierno de Canarias "no va a parar hasta lograr que el petróleo que está en el entorno del archipiélago -si lo hubiera- no se extraiga por una empresa privada y no ponga en riesgo el bienestar de los canarios".
Por su parte, el diputado del PIL Fabián Martín ha considerado que el auto del Supremo "ha dejado en evidencia" que la Ley de las aguas canarias ha sido "un engaño", en tanto en cuanto no surtió efecto ni político, ni jurídico, por lo que se ha preguntado qué vías le quedan al Gobierno autonómico para frenar las prospecciones, sobre todo cuando ya existe "una sentencia firme del Supremo".
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