El Tribunal encargado del caso 'Malaya' ha dado luz verde a un acuerdo que permitirá que el principal acusado en esta causa y presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, pueda hacer frente a su responsabilidad civil en el caso 'Saqueo I' hasta cubrir la cantidad de 8,1 millones de euros, de la que será beneficiario el Ayuntamiento marbellí.

   En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se explica que la defensa de Roca presentó el pasado mes de febrero un escrito en el que se instaba a la ejecución provisional de la sentencia del caso 'Malaya' en el porcentaje de responsabilidad civil decretado, un 36 por ciento, para ejecutar la resolución dictada en el caso 'Saqueo I', que ya es firme.

   Este documento se trasladó al fiscal, que no se opuso a lo pedido, y también se comunicó a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano en el que se enjuició el caso 'Saqueo I' y, por tanto, competente. Asimismo, el Ayuntamiento marbellí expresó su conformidad a que se ejecutase provisionalmente la sentencia, según consta en el auto.

   Ahora, la Sala de Málaga considera que ante "dicho acuerdo unánime" se debe acordar la ejecución provisional de la sentencia en el porcentaje de responsabilidad civil "para dar cumplimiento a la condena firme dictada" en el caso 'Saqueo I' hasta dicho límite de 8,1 millones a que fue condenado en ese procedimiento, importe del que "ha de resultar beneficiario el Ayuntamiento de Marbella".

   Para ello, requiere al administrador judicial de las empresas vinculadas a Roca para "realizar las gestiones de venta que fueren necesarias", aunque sometiendo a la autorización de la Sala de Málaga "cada enajenación individualmente considerada, que habrá de ser, en cualquier caso, consentida por las partes". El destino de tales ventas "se imputará a la responsabilidad civil" de Roca.

   La Sala de Malaya señala la "peculiaridad" del caso, recordando que Roca fue condenado por la Audiencia Nacional por delitos relacionado con la Administración pública, declarando "una intensa responsabilidad civil" a su cargo en beneficio del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, en el caso 'Malaya' está acordada la administración judicial de todo su patrimonio, "concentrado en un entramado societario de apariencia delictiva y sospechoso de haber sido utilizado para encubrir las ganancias de origen ilícito".

   Ante tal situación, las partes han mostrado su conformidad para llevar a cabo la ejecución provisional, según el Tribunal, quien considera que se debe atender "a la realidad de encontrarnos ante una Administración pública que aparece como víctima de un delito y que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente", apuntando, además, que no se detecta con esta decisión ni se ha alegado "ningún perjuicio material".