Rubalcaba ha lanzado este compromiso ante el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano entre congresos de su partido, que se reúne este sábado en la sede federal para pactar el calendario de las elecciones primarias.  

  El líder socialista ha vuelto a rechazar la máxima de "el que quiera servicios sociales, que se los pague", que, a su juicio, guía la política del Gobierno, y que también está detrás, por ejemplo, de la nueva Ley de Seguridad Privada con la que, según ha apuntado, se busca beneficiar directivos del sector que mantienen "relaciones amistosas con algunos miembros del Gobiernos".  

  Rubalcaba ha garantizado que el PSOE se opondrá a recorte de derechos y libertades que va a emprender ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que se ha iniciado con las reformas de las leyes de Seguridad Ciudadana y de la interrupción voluntaria del embarazo.  

   Y respecto a ésta última, ha insistido en que se trata de una cuestión de libertad porque lo que se va a dirimir es "quién decide" sobre la maternidad, si la mujer u otra persona, es decir, si se quiere una ley de plazos o una de supuestos.

 "ESTUPOR EN LA DERECHA EUROPEA"  

  Tras señalar que el anteproyecto del Gobierno ha acusado "estupor" en la derecha europea y sólo ha recabado el aplauso de la ultraderecha francesa, ha emplazado al partido a dejar claro que ellos quieren una "ley de plazos" como la vigente para que "la mujer decida libremente sobre su embarazo".  

  Para Rubalcaba, "no es posible imaginar que las mujeres hayan tenido la mala suerte de que esta sea la única promesa electoral que el PP quiera cumplir". Por eso la atribuye a que Rajoy quiere "reconciliarse con los sectores más reaccionarios de su partido" y que incluso está "dispuesto la sacrificar la libertad de las mujeres" para reconciliarse con este "tea party" del PP.  

  En este contexto, ha insistido en que "nadie debe llamarse a engaño" porque al PSOE no le vale con que se "suavice" la reforma y que lo que quiere es pararla y que se quede "en un cajón bajo siete llaves para que no vuelva a salir".

 NO HABRÁ COPAGOS SANITARIOS   

 También ha cargado contra otras reformas promovidas por el Gobierno como la que dejó sin sanidad a los inmigrantes irregulares, un tema, que a su juicio, aunque no se ha cambiado la ley, "está resuelto" porque varias comunidades, encabezadas por las gobernadas por el PSOE es han negado a aplicarla.  

  En relación con los copagos sanitarios, el líder socialista ha dado por hecho que no se va a aplicar el que afecta a los fármacos para crónicos que se dispensan en los hospitales porque ni siquiera Castilla-La Mancha, donde gobierna, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, lo avala.También ha dado por hecho que el Gobierno reculará en su decisión de quitarla tarjeta sanitaria a quienes estén tres meses fuera al país.  

   Así, ha proclamado que los socialistas tienen "fuerza" para parar determinadas medidas del Gobierno que piensan combatir tanto en la calle como en todas las instituciones (Parlamento, comunidades y ayuntamientos). En este punto ha asegurado que lo harán incluso pactando el PP en aquellos sitios en los que su propio partido ponga pegas a las políticas de Rajoy.  

  "Hay sectores del PP que no ven con buenos ojos la deriva radical que esta habiendo en el partido y si hay que pactar con el PP parar al PP lo haremos. Vamos a parar a la derecha. Esto es lo que vamos a hacer estos dos años", ha indicado, remarcando que así darán una "esperanza" a los ciudadanos y reiterando que los partidos que hoy son "minoría" juntos serán "mayoría" en la próxima legislatura.

RECURSO INÉDITO ANTE EL TC CONTRA REFORMA LOCAL  

   En este sentido, ha insistido en que los socialistas deben trasladar a los ciudadanos el mensaje de que todo lo que está haciendo el PP es reversible y de que tras las próximas generales habrá "mayorías políticas distintas" que le darán la vuelta a todos estos "destrozos" que "no han venido para quedarse".  

   Entre las reformas que habrá que derogar ha citado, además de la laboral y la de educación, la local que, según ha confirmado, la mayoría de la oposición va a llevar junta al Tribunal Constitucional a través de recursos promovidos desde los parlamentos y gobierno autonómicos y también con un método "inédito". Concretamente, un recurso que lleve la firma de unos 5.000 ayuntamientos "de distintos colores" en los que residen 15 millones de ciudadanos.