El presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, ha mostrado este jueves su preocupación por la "difícil situación" en la que se encuentra el Tribunal Constitucional, por los retrasos en la renovación de sus miembros y ha señalado que aunque este órganos "ha podido cometer errores", la causa está en su utilización por parte de los poderes públicos.  

  El que fuera vicepresidente del TC ha hecho estas manifestaciones durante su intervención pública tras recoger el Premio Pelayo para juristas de reconocido prestigio, que le ha sido otorgado en un acto en el que estaban presentes, entre otros, el actual presidente de este órgano, Pascual Sala; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; los presidentes de las Cortes, José Bono y Javier Rojo; y la defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano.  

  Para Rubio Llorente, la situación del tribunal de garantías en los últimos años a causa de los retrasos en la renovación de los magistrados, que depende tanto del Congreso como del Senado, es difícil "pero no desesperada".  

  En el acto también intervino el jurista y padre de la Constitución Gregorio Peces-Barba, quien realizó un recorrido por el extenso currículo profesional de Rubio Llorente, al que se refirió como una persona de "talante abierto y progresista".

POLÍTICOS MAL VALORADOS

   Igualmente, ha hablado en el acto el presidente del Congreso, José Bono, que manifestó que es el último año que interviene en este acto dado la proximidad del final de la legislatura. Bono ha aprovechado para lamentar la mala valoración que los políticos despiertan actualmente en la ciudadanía española.   

 "Como estará la política para que algunos ciudadanos presuman de honorabilidad diciendo que ellos no son políticos", ha manifestado el presidente del Congreso, quien también se ha referido a que jurídicamente, y según la Constitución, en España solo se puede hablar de una nación pues las otras solo existen "en la poesía y en el espíritu".

   Rubio Llorente ha sido reconocido en esta decimoséptima edición del Premio Pelayo para juristas, dotado con 30.000 euros exentos de impuestos, en reconocimiento a "su larga y fructífera trayectoria en el ámbito jurídico y su gran contribución a la sociedad española".  

  Según el presidente del jurado, el consejero permanente del Consejo de Estado Landelino Lavilla Alsina, esta elección consolida aún más, si cabe, los objetivos que pretende resaltar esta iniciativa, en la que se potencian los valores de las profesiones jurídicas en cualquiera de sus ámbitos, apreciando tanto la dedicación de los juristas como los valores que desde la Universidad, la sociedad, la empresa, las Instituciones Judiciales o el ejercicio liberal, se consideren de interés para la Comunidad.

   Al acto también asistieron los miembros del jurado que han concedido el galardón, entre los que se encuentran el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer; el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají; el vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay; y el magistrado de éste órgano Ramón Rodríguez-Arribas, entre otros.