El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una serie de diligencias de investigación, entre la que se encuentra la declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan Roig, con el objetivo de acreditar si el Partido Popular (PP) cometió un delito de fraude fiscal en 2008.

   El magistrado, que investiga la supuesta caja B del PP en una pieza separada del caso Gürtel, ha citado para el próximo 5 de febrero a Roig, al que se atribuye una supuesta entrega de 150.000 euros, y a otros tres supuestos dontantes del PP que aparecían en la supuesta contabilidad opaca elaborada por el extesorero Luis Bárcenas.

   Se trata de Pilar Pulido, directiva de ADS Brokers, a la que Bárcenas atribuyó una donación de 36.000 euros; el presidente de Ploder, Luis Gálvez, que se encuentra "entre los aportantes de fondos no identificados" por una supuesta entrega de 50.000 euros; y Adolfo S., al que el juez no llega a identificar y atribuye un pago de 10.000 euros. Todos declararán como testigos.

SEDE DE LA RIOJA

   Además, el mismo 5 de febrero el juez interrogará bajo este mismo estatus al gerente regional del PP en La Rioja en 2008 y a los dos apoderados de su sede, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, para investigar una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus manuscritos bajo el concepto entrega de La Rioja y que, según declaró el pasado 15 de julio, sirvió para financiar la compra de su nueva sede.

   Ruz, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, ha acordado estas diligencias después de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del que se desprenden "elementos objetivos que otorgarían coherencia respecto del apunte contable investigado" en relación con la compra de la sede del PP riojano. A su juicio, ante la "indiciaria congruencia observada", es necesario poner en relación las conclusiones de este informe con los soportes contables del extesorero.

   El juez constata que en la contabilidad oficial existe una transferencia por importe de 200.000 euros que el PP nacional realizó en junio de 2008 al riojano y que no consta que fuera devuelta por la organización regional. Bárcenas explicó en su declaración que se trataba de "un donativo o aportación recibida de La Rioja", presuntamente en negro, que debía ser devuelto como "dinero oficial" para la compra de la sede.

   En su auto el juez instructor recuerda que los delitos fiscales correspondientes a 2008 no habrían prescrito y que en esta causa investiga "la eventual responsabilidad" del PP y del "administrador o responsable legal de la formación política" en relación con "las entradas dinerarias registradas en la contabilidad paralela investigada" y las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de 2008 que pudieran haberse defraudado.

   Además, se dirige a la Agencia Tributaria para que remita las declaraciones originales y pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades presentadas por el PP en los ejercicios de 2007 y 2008. De no haberse presentado en alguno de los dos ejercicios declaración por este impuesto, solicita su certificación negativa.