Los nuevos interrogatorios, que se prestarán en el marco de la pieza separada del "caso Gürtel" en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP, pretenden arrojar luz sobre la agenda que llevaban los responsables de las finanzas "populares" y los encuentros que pudieron mantener en la sede del partido en la calle Génova de Madrid.

   En concreto, la secretaria de Bárcenas, Estrella Domínguez López, declarará a las 12.30 horas de este martes y media hora antes lo hará la de Lapuerta, Rosa María López Merinero. Además, el juez Ruz interrogará a partir de las 10.30 horas a los miembros del Departamento de Auditoría Interna del partido Carlos Luca Bignami, Benito Javier Torre de la Fuente y Antonio López de Pablo.

   Ruz realizó estas citaciones después de que el pasado 30 de julio solicitara que se identificase a las personas que trabajaban como secretarios de Bárcenas y Lapuerta y a quienes ostentasen el cargo de auditores internos del PP, a petición de una de las acusaciones populares y con el aval del Ministerio Fiscal.

   El juez también ha citado a los expertos periciales que elaboraron el informe sobre la memoria USB que Bárcenas aportó al juzgado el pasado 15 de julio, en el que detallaba la contabilidad B del PP y aportaba una serie de recibís. Los expertos deberán ratificar la pericial sobre esos archivos, sus fechas de confección y cualquier información de carácter técnico que guarde relación con su contenido.

LA TRAMA DE MADRID

   Además, en el marco de la causa principal Ruz tomará declaración el miércoles y el jueves a siete empleados de la trama "Gürtel" que están imputados por participar en la obtención de contratos públicos en la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey.

   El miércoles declararán Isabel Jordán, administradora hasta 2007 de varias sociedades de la red; Javier Nombela y Alicía Mínguez, encargados de la facturación y de la gestión contable del entramado societario; y la colaboradora Mónica Magariños, quien habría permitido, según el juez, que se contratara "una caja de seguridad a su nombre para desvincularla de sus verdaderos titulares".

   Un día después comparecerán Pablo Collado Serra (sustituto de Jordán la primera en la administración de las sociedades) y otras dos personas vinculadas con la confección de facturas falsas y que serían los encargados de elaborar las declaraciones tributarias de la trama: Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado.

   Los siete están imputados por delitos contra la administración pública, cohecho, prevaricación, malversación y fraude a la administración pública, delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil y blanqueo.

ADJUDICACIONES DE MENOS DE 12.000 EUROS

   Formaban parte del grupo de empresas de Francisco Correa y el abogado  Ramón Blanco Balín que tenían por objeto presentarse a concursos públicos como entidades independientes, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia y simulando operaciones mercantiles para reducir la cuota tributaria. Las adjudicaciones no superaban nunca los 12.020,24 euros para evitar la convocatoria de concurso.

   Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito de la contratación pública a los que entregaban dádivas en forma de regalos, viajes, artículos de joyería o efectivo.

   En otras ocasiones, según detallaba un auto del juez Ruz, los implicados habrían obtenidos los pliegos de condiciones administrativas y técnicas "antes de su publicación oficial llegando incluso a participar en la redacción de los mismos".

   Para alcanzar sus fines, la trama habría hecho uso de otras sociedades ajenas al grupo como Elba Grupo Comunicación S.L., Marketing Quality Management SI (MQM), y el "grupo Rafael" (Fotomecánica Rafael S.A., Techimagen Rafael S.L., Fotomecánica Doble M S.L. y Kilda producciones Fotográficas S.L.).

   Al menos parte del dinero entregado a cargos públicos, según el juez, se habrían generado con la elaboración de facturas falsas simulando servicios facturados a otras sociedades o profesionales (Klober Aster S.L., Loribel S.L., Clásica Capital S.L., Elvinde Europea S.L.). El dinero revertiría en la caja B del entramado.