El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sentado en el banquillo de los acusados al expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernández Moltó, exdiputado del PSOE, y al exdirector general Ildefonso Ortega y les ha impuesto una fianza solidaria de 138,2 millones que deberán depositar por el "perjuicio económico" que causaron a la entidad.

   En un auto dictado este martes el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 dicta la apertura de juicio oral contra los dos máximos dirigentes de la entidad, la primera caja de ahorros española que fue intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, con un rescate de 9.000 millones de euros, para que sean juzgados por los delitos societarios de falseamiento de cuentas y administración desleal.

   Además, el juez da diez días de plazo a los dos gestores de la caja para que, atendiendo a la "indemnización interesada" por el Banco Castilla-La Mancha, actual propietario de la entidad, presten la citada fianza de responsabilidad civil y les advierte de que, si no lo hacen en este plazo, serán embargados.

   La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de dos años y medio de cárcel para los dos acusados, a los que sólo atribuye el delito de falseamiento de cuentas, mientras que el Banco Castilla-La Mancha solicita una petición de pena de cinco años y medio y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) un total de cinco años.

   El instructor también da diez días a Hernández Moltó y a Ortega para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación y les cita el próximo 19 de diciembre para notificarles el auto.    

   Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, tanto Hernández Moltó como Ortega llevaron a cabo "una maniobra contable" para que los estados financieros de la entidad reflejaran unos beneficios de 29,86 millones en lugar de 182,2 millones de pérdidas. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.

RESCATE DE 9000 MILLONES

   Anticorrupción, que también solicita que los dos acusados sean inhabilitados durante dos años y medio, señala que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".

   En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias (Afirma, Colonial y Parquesol) como "ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados", que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.

   "Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe", señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban "un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros". En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía "un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos".

   De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.

REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS

   El escrito fiscal refiere que el 11 de marzo de 2009 los estados financieros se remitieron a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y que Europa Press publicó que la entidad cerró el ejercicio de 2008 "con un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros. "Numerosos medios de comunicación nacional difundieron esta noticia", apunta antes de indicar que las correcciones de los nuevos administradores de la entidad no se conocieron hasta julio y agosto de 2009.

   Las nuevas cuentas, aprobadas después de la intervención de la caja y el nombramiento como administradores de tres funcionarios del Banco de España, reflejaban un resultado negativo en el ejercicio de 2008 de 762 millones en los estados individuales y de 1.066 en el consolidado.

   Este desfase se produjo, según Anticorrupción, por la necesidad que tuvieron los nuevos gestores de aprobar "una provisión de una financiación extraordinaria para superar sus dificultades transitorias de liquidez y así posibilitar el mantenimiento de su operativa y el cumplimiento de todas sus obligaciones frente a depositantes y acreedores en general".

   "Esta actuación de las autoridades impidió que nuevos depositantes o acreedores, confiados en la aparente buena situación financiera de CCM, según sus cuentas publicadas y difundidas por la CECA, contrataran con una entidad como CCM, que de no haber sido por la inyección de capital público, habría sido incapaz de atender en ese momento a las obligaciones contraídas", señala el fiscal.

   La Fiscalía no cita en su escrito las operaciones y los perjuicios económicos que causaron en la entidad una serie de operaciones de captación del crédito en los que el juez Ruz constataba "una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".

   Las operaciones referidas por el magistrado eran créditos concedidos en 2007 y 2008 a las sociedades Grupo Luis Portillo (59 millones), Renovalia (56,3 millones de euros de deuda por pérdidas de 54,6 millones), Naropa-Fermoselle (9,9 millones), Grupo Lábaro (9,3 millones), Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), así como Grupo T-Solar, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.