El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha apuntado este jueves que su departamento "probablemente" no agotará el plazo máximo dado por el magistrado del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, e informará mañana viernes sobre si se debe otorgar la libertad al que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalana y candidato a presidente de la Generalitat Jordi Sánchez o bien concederle permiso para acudir a la sesión de investidura convocada para el próximo lunes

Así lo ha manifestado este jueves durante su intervención en una comida-coloquio organizada por el Club Siglo XXI, en la que ha rechazado adelantar cuál va a ser la postura del Ministerio Público en este caso. En ocasiones anteriores, como fue la de la constitución del Parlament, el Ministerio Público se ha mostrado siempre contrario a la puesta en libertad de los diputados electos que permanecen en prisión preventiva por presunta rebelión o sedición y malversación de fondos públicos.

"Probablemente mañana demos respuesta pero no por táctica, sino por doctrina", ha señalado, para añadir que la Fiscalía no actúa por "oportunismo" sino en cumplimiento de la legalidad.

Al acto, en el que Sánchez Melgar intervino con una charla sobre "Fiscalía y Sociedad", acudieron destacados miembros de la Fiscalía como el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón; el fiscal superior de Madrid Jesús Caballero; el exfiscal general de Estado Cándido Conde Pumpido; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso y fiscales del Tribunal Supremo como Javier Zaragoza, entre otros.

A lo largo de su intervención el fiscal ha insistido, al igual que ha hecho las últimas semanas en otros foros, en la importancia de que se reforme la legislación para que la instrucción penal sea realizada por los fiscales, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno. "No parece muy coherente el sistema actual, porque en el caso de menores instruye el fiscal y, de mayores, el fiscal".

HACIA EL "MAGISTRADO DE AMPARO"

En relación con la Fiscalía dentro de la sociedad, Sánchez Melgar ha hecho mención a un chiste del recientemente fallecido Forges para reivindicar la necesidad de encarar un "cambio de mentalidad" para que esta institución no sea una gran desconocida para los ciudadanos.

Así ha destacado que lejos de la figura del fiscal "de las películas americanas" que todos conocen como gran acusador, la ley concede al Ministerio Público un papel dirigido a la defensa de la ley y de los más desfavorecidos, a modo de "magistrado de amparo". Así, ha destacado la necesidad de incidir en la lucha contra la trata de seres humanos, los menores, extranjeros en situación de vulneravilidad -especialmente menores no acompañados- consumidores y usuarios.

También se ha referido a los delitos de odio y ha advertido que la introducción por el legislador de el artículo 520 en el Código Penal que tipifica esta conducta constituye "una configuración muy amplia" que se mueve entre la difamación de las personas, el odio -del que destacó que debe ser tenido en cuenta cuando genere violencia- y la libertad de expresión. La complejidad jurídica obliga a contar con un instrumento jurídico para clarificar este nuevo delito, ha señalado Melgar.

La juez interroga mañana a Pere Soler y

César Puig, exnúmero dos de Forn, por la

actuación de los Mossos en el 1-O

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado en calidad de investigados para este viernes a las 9.00 horas al exdirector de los Mossos D'Esquadra Pere Soler y al exsecretario general del Interior César Puig por la actuación de este cuerpo policial en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Catalunya.

La juez, que esta semana ha ampliado el plazo de instrucción 18 meses más tras declarar la causa compleja, accede parcialmente a la petición formulada por la Fiscalía que pidió su imputación en la causa por sedición en la que también están siendo investigados el exjefe de este cuerpo policial Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana.

En su auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 expuso que los hechos que se instruyen en esta causa, es decir, los incidentes en los registros de la Consejería de Barcelona los días 20 y 21 de septiembre y la consulta ilegal, revisten los caracteres de dos delitos de sedición y en particular como constitutivo de otro de organización criminal.

El Ministerio Público pidió que se ampliara la investigación en estas dos personas porque considera que su actuación fue "decisiva" y porque no consta que intentara evitar el referéndum, sino más bien al contrario, se trató de "engañar" a las autoridades haciendo ver que se cumplían con las directrices acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

NO EVITARON LA CONSULTA ILEGAL

"Tanto Pere Soler, como su major, Josep Lluís Trapero, se vieron en la obligación de transmitir la sensación de que acatarían aquella orden cuando en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo, por el contrario, su colaboración en la celebración del referéndum fue más allá de la inactividad y se convirtió en acción a favor de su consumación", reza el escrito remitido el pasado 21 de febrero.

Hasta el momento en la causa se investigaban a Josep Lluís Trapero y la intendente de los Mossos Teresa Laplana. El exjefe de los Mossos declaró en sede judicial el pasado 23 de febrero por tercera vez el pasado viernes tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la consulta del 1 de octubre.

En su declaración ante la magistrada precisó que se reunió hasta en dos ocasiones con el expresidente Carles Puigdemont los días previos al referéndum para mostrar la preocupación de los Mossos por la seguridad ciudadana en esa jornada, aunque no pidió que desconvocara porque no estaba entre sus funciones.