Viernes, 22 de noviembre de 2024
Expulsiones de gitanos en Francia
Sarkozy, inflexible con la aplicación de sus polémicas medidas
Reunido en el Palacio del Elíseo con cinco policías que el 12 de agosto resultaron heridos al ser agredidos mientras se encontraban de servicio en el departamento de Essonne, Sarkozy ha recordado las nuevas medidas legislativas que él mismo anunció el 30 de julio en Grenoble para agravar los castigos por agresiones contra policías y gendarmes y "manifestó su voluntad inflexible de poner en marcha estas propuestas en las próximas semanas", según un comunicado de la Presidencia.
Según los planes del Gobierno francés, si una persona de origen inmigrante nacionalizada agrediera a un policía o un gendarme perdería la nacionalidad francesa, y en caso de fallecimiento de la víctima el agresor enfrentaría una pena de cárcel de 30 años sin posibilidad de reducción.
En el discurso que pronunció en Grenoble, después de que esa ciudad fuera escenario de unos disturbios a raíz la muerte de un presunto atracador por disparos de la Policía, en los que estuvieron implicados gitanos, Sarkozy anunció también los planes de eliminar todos los campamentos de gitanos ilegales y expulsar a sus comunidades en el plazo de tres meses.
En la reunión, a la que también asistió el ministro del Interior francés, Brice Hortefeux, Sarkozy "ha condenado con el mayor vigor estos actos criminales y ha expresado de nuevo su determinación absoluta para combatir la delincuencia y la criminalidad", al tiempo que ha subrayado que "la leyes de la República deben aplicarse con la misma firmeza en todos los puntos del territorio nacional, sin ninguna excepción", según el comunicado.
Además de trasladar su solidaridad a todos los policías y gendarmes que hayan sido agredidos durante el cumplimiento de su deber, entre ellos los que resultaron heridos el 12 de agosto, y de reafirmar su apoyo a las personas que tienen la misión de hacer respetar la autoridad del Estado, Sarkozy ha declarado su voluntad de que los autores de agresiones contra cualquier persona depositaria de una autoridad pública "sean castigados por la justicia con una severidad ejemplar".
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