Además, los abogados defensores han criticado en sus cuestiones previas al primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, al entender que se vulneraron las normas de reparto. Han precisado que el sumario del caso Malaya "es el fruto de una voluntad caprichosa del instructor", de quien han dicho que se erigió "como único juez para investigar este procedimiento".   

En este sentido, otros abogados añadieron que "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial o policíaca, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados".Hablaron de que la causa se instruyó "con opacidad" y dentro de un "modelo inquisitivo".   

Ante determinadas alusiones sobre el juez instructor del caso "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento", el Tribunal ha pedido a los abogados respeto y que "centren sus críticas en cuestiones y matices estrictamente jurídicos, a los que tienen pleno derecho las partes".

   La mayor parte de los letrados han solicitado a la Sala que anule las intervenciones telefónicas "por falta absoluta de motivación" de las resoluciones en las que se autorizaron estas escuchas. Así, han considerado que a lo largo de la instrucción se produjeron vulneración de derechos fundamentales, no sólo respecto a las intervenciones telefónicas, sino también por los registros.  

  También entienden las defensas que se vulneraron los derechos a la intimidad y de las comunicaciones, al unirse a la causa escuchas de carácter "íntimo y personal" que "no tienen relación" con la investigación o porque las intervenciones se autorizaron para los teléfonos de sus cliente pero únicamente para investigar al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.  

  Asimismo, los letrados han manifestado que la mayoría de las detenciones practicadas "fueron ilícitas, ilegales y abusivas", además de "masivas" e "innecesarias". Estos arrestos han centrado parte de las alegaciones expuestas por los abogados en las dos sesiones del juicio, precisando en algún caso que algunos imputados prestaron declaración porque estaban "bajo presión".  

  La que luego se ha conocido como operación Malaya llevó por primera vez en la historia democrática en España a la disolución de un ayuntamiento. Se inició el día 29 de marzo de 2006 con el arresto tan sólo ese día de una veintena de personas, aunque el número de detenidos se elevó hasta más de 100 personas. El juicio está previsto que dure un año y las sesiones se celebrarán de lunes a miércoles.   

La Fiscalía Anticorrupción solicita 30 años de prisión y multa de 810,78 millones de euros para Roca, al que acusa de los delitos de blanqueo de capitales continuado cometido en el ámbito de una organización, en la que éste es el supuesto "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo.   

En su escrito de conclusiones provisionales, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal considera que el que fuera inicialmente asesor de Urbanismo de Marbella creó una "verdadera organización, que bajo su dirección gestionaba y administraba su patrimonio como si de una empresa se tratara" para "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo".  

  Así, se estima que el blanqueo de fondos imputables al principal acusado "asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros" y sostiene que "ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento".