El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, seguirá en su puesto pese a que cinco de los vocales que integran este órgano le pidieron que dimitiera del cargo durante el Pleno extraordinario convocado este jueves para tratar la situación creada después de la denuncia ante la  Fiscalía, ya archivada, por los gastos que supusieron una veintena de viajes que realizó a Marbella (Málaga).  

  Según explicó la portavoz del CGPJ al término del Pleno,  una amplia mayoría de vocales, entre los que ella se ha incluido,  consideraron suficientes las explicaciones de Dívar sobre los viajes realizados e incluso le manifestaron su "confianza" para mantenerse en el cargo. De la reunión únicamente ha salido un compromiso general para reformar la actual normativa de justificación de gastos.  

  El presidente, que no ha querido comparecer públicamente pese a que esta posibilidad también se barajó en el Pleno, no ha dimitido teniendo en cuenta estos apoyos, el hecho de que la mayoría de vocales no pidiera su salida del órgano de gobierno de los jueces, por responsabilidad y porque la investigación de la Fiscalía fue archivada sin que se señalara la comisión por su parte de ninguna irregularidad.   

 Así lo explicó la propia portavoz ante las insistentes preguntas de los periodistas que acudieron a la rueda de prensa.

 EL VICEPRESIDENTE PIDIÓ LA DIMISIÓN DE BENÍTEZ

   Por el contra, la iniciativa del vocal José Manuel Gómez Benítez de denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado se ha vuelto en su contra, puesto que un total de siete vocales presentaron un escrito solicitando formalmente su renuncia por su deslealtad al acudir a la Fiscalía antes de llevar el asunto al Pleno. El vocal rechazó esta petición.

   Se trata de vocales del denominado sector "conservador", entre ellos el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y los vocales Almudena Lastra, Concepción Espejel, Claro-José Fernández Carnicero, Gema Gallego y Antonio Dorado. A ellos se sumó la portavoz, designada a propuesta del PSOE.   

 En este documento y en términos muy duros le piden que renuncie a su cargo en un órgano en el que "según sus palabras no confía y al que ninguna lealtad profesa". Le acusan de iniciar una campaña de "desprestigio y confusión intencionalmente creada" y reiteran su confianza en Dívar.   

Por el contrario, quienes pidieron formalmente la dimisión fueron los vocales "progresistas" Félix Azón, Carles Cruz, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles, que lo hicieron por escrito, y a los que se añadió el propio Gómez Benítez.

   En el citado documento, señalan "la exclusión por la fiscalía general del Estado de responsabilidades penales no exime en ningún caso de las responsabilidades políticas, toda vez que con los hechos ocurridos han sido vulneradas las exigencias del ejercicio de transparencia y austeridad, que son especialmente exigibles a todo servidor público y mucho más a quien ostenta la representación del Poder Judicial".   

 También dice el escrito que abogaba por la dimisión que las explicaciones de Dívar fueron "insuficientes" y que su renuncia debe producirse por el "quebranto" que los hechos han supuesto "no solo para el Poder Judicial sino también para todos y cada uno de los hombres y mujeres que sirven en la Carrera Judicial. Añaden que el presidente del CGPJ no se ha disculpado públicamente hasta la fecha, dando lugar a la actual situación.

   Respecto a este punto, Bravo ha apuntado que el presidente ha dado las explicaciones de los viajes que "ha considerado convenientes" y ha "lamentado el quebranto" que ello ha supuesto tanto para el CGPJ como para el Tribunal Supremo y la Carrera Judicial.

   Además, Dívar se ha comprometido a "asumir las medidas para mejorar la transparencia", entre ellas que se especifique el motivo de los viajes, si bien ninguna de estas medidas fueron abordadas en el Pleno de hoy. De hecho, se rechazó una iniciativa del vocal Manuel Almenar sobre la necesidad de elaborar un plan de austeridad aludiendo al carácter "deliberativo" de la reunión, en la que no cabía realizar votaciones.

   A lo largo de su intervención, Bravo ha rechazado dar detalles concretos sobre las explicaciones que Dívar ha dado de sus viajes y ha recordado que el Consejo ya adoptó hace tiempo medidas de austeridad y que os números del CGPJ son fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.