Por su parte, la Federación Minera de Chile ha expresado su "emoción" por el rescate de los 33 mineros de la mina San José de Atacama (norte de Chile) y ha reclamado que los trabajadores y sus familias no tengan que pasar "nunca más" por este calvario y que las empresas no antepongan sus intereses económicos a "la vida de las personas".  

  El Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Seguridad y Salud en las Minas fue aprobado en 1995 y entró en vigor en 1998. El documento, que en América Latina sólo han ratificado Brasil y Perú, obliga a suspender las actividades por motivos de seguridad y a que haya dos vías de salida independientes en los yacimientos subterráneos.  

  "Su apoyo al Convenio sería la mejor forma de comprobar si es efectivo o no el renovado interés de los dirigentes políticos por mejorar las condiciones de trabajo en el interior de los yacimientos", declaró este miércoles Castillo a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

   "Si un trabajador se encuentra en una mina con condiciones que no le dan seguridad, automáticamente informa y deja de trabajar, y está protegido por el Convenio", explicó Castillo. "Pero si tú haces eso hoy día en cualquier yacimiento (chileno), te despiden", aseguró.

   La ratificación del Convenio 176 no figura de momento en el paquete de iniciativas anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera en respuesta al grave accidente minero del pasado 5 de agosto.

   Entre estas medidas, destacan la creación de la Comisión para la Seguridad en el Trabajo, encargada de analizar las normas de higiene y seguridad laboral, y la puesta en marcha de una Superintendencia de Minería.  

  Asimismo, el presidente ha decretado la reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el incremento de la financiación para las labores de fiscalización de las minas y la creación de un comité asesor encargado de revisar el Reglamento de Seguridad Minera.

   Tanto la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) como la Concertación de Partidos por la Democracia --la coalición centroizquierdista que gobernó Chile entre 1990 y marzo de 2010-- criticaron la ausencia de dirigentes sindicales y actores sociales en estas comisiones.

MÁS DE CIEN AÑOS

   El yacimiento de la mina San José, de la empresa San Esteban, tiene más de cien años de antigüedad. Antes del derrumbe de agosto de 2010 ya había sufrido otros accidentes, razón por la cual estuvo clausurada desde marzo de 2007 hasta el 30 de mayo de 2008. Ese día, el SERNAGEOMIN autorizó su reapertura.

   La mina fue cerrada nuevamente el pasado 3 de junio, después de que un minero perdiera una pierna en un accidente laboral, y fue reabierta pocas semanas antes del derrumbe del 5 de agosto de 2010, en el que quedaron sepultados los llamados 33 de Atacama.  

  Por su parte, la Federación Minera de Chile ha expresado su "emoción" por el rescate y ha reclamado que las empresas no antepongan sus intereses económicos a "la vida de las personas".

   "El corazón se nos llena de emoción y nuestros pensamientos ahora se centran en ver a nuestros hermanos salir caminando desde las entrañas de la tierra para abrazar a sus padres, hijos y esposas", afirmó este jueves en un comunicado la Federación, que cuenta con cerca de 10.000 afiliados pertenecientes a una decena de sindicatos de trabajadores de las minas de cobre.    "Hoy sólo queremos celebrar y hacer llegar un abrazo de los 10.000 mineros que forman nuestra organización a todas las familias que mantuvieron su fe en un milagro", prosiguió el comunicado.

   "Ya mañana, emprenderemos el trabajo para nunca más en Chile, los trabajadores mineros y sus familias tengan que pasar por este calvario porque una empresa puso sus intereses económicos por sobre la vida de las personas", añadió.