Pablo Iglesias y Susana Díaz llaman al "no pasarán" antifascista. El fascismo fue una ideología de los años 20 y 30 que se caracterizó por el rechazo de la democracia parlamentaria (sustituida por el caudillaje del líder absoluto), de la libertad de conciencia, expresión y asociación, y del libre mercado (aherrojado por un fuerte dirigismo estatal). Curioso fascismo el de Vox, que propugna una neta reducción del peso del Estado -que se conseguiría con la supresión de las 17 administraciones autonómicas-, de la presión fiscal y de la intervención estatal en la economía, como puede comprobarse en su programa de 100 Propuestas.

Se dice que Vox es "inconstitucional" por propugnar la supresión de las autonomías. En realidad, propone cambiar la Constitución -usando los mecanismos de reforma del Título X- para superar el fracasado modelo autonómico, que sólo ha servido para fomentar el separatismo en algunas regiones y el aldeanismo en las restantes, además de para multiplicar niveles administrativos e inflar el gasto público hasta lo insostenible. Como paso previo -no necesitado de reforma constitucional- el Estado recuperaría las competencias de educación, justicia y orden público.

En cuanto a las libertades de pensamiento y expresión, Vox reivindica su restablecimiento, pues las considera hoy amenazadas por leyes adoctrinadoras como las de Memoria Histórica (que imponen una versión oficial maniquea del acontecer español del periodo 1931-75, coartando la libertad de pensamiento, de investigación y de cátedra) o las "leyes de derechos LGTBI" que -con el pretexto de "combatir la homofobia" en el que, según encuestas internacionales, es el país más gay-friendly del mundo- imponen una educación sexual infantil que puede vulnerar las convicciones de los padres ("Se trata con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en edades tempranas en las que se forma la personalidad", Ley Andaluza 8/2017).

Vox ha apostado por la libertad educativa con una radicalidad inédita en España: propone el modelo de cheque escolar -aplicado con éxito en Suecia- que proporciona a los padres una verdadera libertad de elección entre la escuela pública y la privada (en la actualidad, los pobres no pueden aspirar a la segunda). Se compromete también a hacer efectivo el derecho de todo español a recibir enseñanza en lengua castellana, pisoteado hoy en varias regiones.

En realidad, el "fascista" Vox defiende más que ningún otro partido los principios liberales de igualdad ante la ley e individualismo abstracto (leyes ciegas a la raza, al sexo, a la orientación sexual…), vulnerados por la lógica tribal del marxismo cultural, que divide a la sociedad en colectivos de "opresores" y "oprimidos" (hombres vs. mujeres, hetero vs. homo, etc.), enfrentándolos entre sí. Producto eminente de este tribalismo es la Ley de Violencia de Género, que suprime la presunción de inocencia del varón y castiga con más o menos severidad las mismas agresiones dependiendo del sexo del agresor, al tiempo que habla de una "situación estructural de dominación de la mujer por el varón" que no se da realmente en nuestra sociedad. Vox no "justifica la violencia contra las mujeres": propone una Ley de Violencia Intrafamiliar que castigue por igual toda forma de violencia doméstica, sean sus autores hombres o mujeres. Vox es el primer partido que se ha plantado contra la demagogia neomarxista de la guerra de sexos.

Queda la "xenofobia". El "racista" Vox ha presentado en sus candidaturas al hispano-iraquí Raad Salam o el hispano-guineano Ignacio Garriga, y no cuestiona los derechos de los extranjeros legalmente establecidos en España. Sí se ha atrevido a abrir el debate sobre la necesidad de atajar la inmigración irregular, por lo que tiene de desafío a la legalidad y mecanismo de entrada en España de colectivos con tasas de criminalidad estadísticamente altas (sin que eso implique que todos sean delincuentes), muy consumidores de servicios públicos a cuyo sostenimiento no contribuyen fiscalmente (por ejemplo, los inmigrantes africanos en la Comunidad de Madrid, que representan el 2.5% de la población, reciben el 34% de las Ayudas al Alquiler de Vivienda) y, a veces, difícilmente asimilables en España por razones culturales. Europa se está llenando de guetos étnicos y "no go zones". Intentar evitarlo en España no es racismo, sino sentido común. Que Vox haya alcanzado el 30% de votos en El Ejido demuestra que sí hay un problema. Un problema que afecta, por cierto, a los barrios obreros, no a las urbanizaciones de lujo de Galapagar.