"Siempre defenderemos la libertad de expresión en Texas", ha remarcado Abbott, quien ha definido a las redes sociales como "la plaza pública moderna", por lo que "la información debería poder fluir libremente" y ha alertado de que "hay un movimiento peligroso" de estas empresas "para silenciar los puntos de vista e ideas conservadores".

Una teoría de la conspiración que ha sido ampliamente difundida por el ala más dura del Partido Republicano, después de que miles de usuarios de redes sociales como Facebook, Twitter, o YouTube, entre ellos el expresidente Donald Trump, vieran sus cuentas cerradas por esparcir bulos sobre un supuesto fraude electoral en las pasadas presidenciales.

La nueva legislación contempla que las compañías de redes sociales con más de 50 millones de usuarios al mes revelen sus políticas de moderación de contenido y elaboren un proceso de apelación para que los usuarios afectados puedan recurrir, al mismo tiempo que exigirán a estas empresas que eliminen en un plazo máximo de 48 horas el contenido que sea considerado ilegal.

El texto también permite que los usuarios a título individual puedan demandar a estas plataformas por haber bloqueado sus cuentas, aunque las acciones legales también podrían ser iniciadas por la Fiscalía de Texas en nombre de los afectados.

En los últimos años, desde algunos sectores del Partido Republicano han denunciado que estos gigantes de las empresas sociales tienen un sesgo contra el ideario conservador, una impresión que se vio reforzada después de que Twitter y Facebook decidieran cancelar las cuentas de Trump por los comentarios que acabaron derivando en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Esta semana, Abbott ya promulgó una polémica ley que instaura decenas de restricciones para ejercer el derecho al voto e incluso facilita la anulación de los comicios, asegurando que con ella "es más difícil hacer trampas en las urnas". No obstante, los críticos señalan que el texto dificulta el acceso al voto a las minorías raciales.

Por otro lado, también firmó la restrictiva ley del aborto que prohíbe interrumpir el embarazo cuando se detecte latido fetal --a partir de las seis semanas de gestación--, que a menudo es antes de que la mujer sepa incluso que está embarazada. No prevé supuesto alguno por violación o incesto, aunque sí existe una excepción por "emergencias médicas" y premia la delación con hasta 10.000 dólares para quienes denuncien a una clínica por llevar cabo estas prácticas. Por ello, el Departamento de Justicia ha presentado una demanda de inconstitucionalidad.