Este lunes, el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones con sede en San Francisco falló contra la orden ejecutiva dictada por Trump en marzo y que vetaba la entrada en el país a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. "Concluimos que el presidente desbordó con la orden ejecutiva las competencias de su autoridad delegada a él por el Congreso", afirmaron los tres magistrados en su fallo.

Con su sentencia, el tribunal respaldó el dictamen de un tribunal anterior que suspendía la medida tras un recurso presentado por el estado de Hawái y que se amparaba en que la decisión es discriminatoria para los musulmanes.

"Bien, como se preveía, el Noveno Circuito lo hizo de nuevo, se pronunció contra la prohibición de viaje en un momento tan peligroso en la historia de nuestro país", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter. "S.C.", ha añadido, en una aparente referencia al "Supreme Court", el Tribunal Supremo. Según Reuters, el Supremo podría abordar el caso esta misma semana.

La reacción de Trump se produce después de que su fiscal general, Jeff Sessions, defendiera este lunes que el veto migratorio "recae en su autoridad legal para mantener la seguridad de la nación" y asegurara que el Departamento de Justicia acudirá al Tribunal Supremo.

En su comunicado, Sessions expresó su "desacuerdo" con la decisión del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones, indicando que"los últimos ataques confirman que la amenaza al país es inmediata y real". Así, sostuvo que "algunos países protegen o promueven a grupos terroristas como Estado Islámico y Al Qaeda" y argumentó que Estados Unidos "podría no poder obtener información sobre individuos de estos países azotados por la guerra y fallidos".

"No debemos poner en peligro nuestra nación hasta que tengamos la capacidad de vetar de forma exacta y responsable a los que intentar entrar aquí", dijo, añadiendo que Trump "fue claro en su histórico discurso en Arabia Saudí: no es sobre religión, es sobre seguridad nacional".

"La rama ejecutiva tiene la responsabilidad de mantener la seguridad del país bajo el artículo II de la Constitución. Desafortunadamente, este requerimiento (judicial) evita que el presidente aplique totalmente sus funciones y tiene un efecto escalofriante sobre las operaciones de seguridad en general", argumentó.