Con esta decisión, los magistrados del TSJM Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano confirman la decisión del juez Pedreira de remitir la causa al Alto Tribunal valenciano, quien deberá decidir si asume o no la causa penal relativa a los aforados valencianos. En el caso de que no, se crearía un conflicto de competencias que llegaría al Tribunal Supremo.   

En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sala de lo Civil Y Penal confirma "la inhibición acordada" y ratifica que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia es "la única competente para acordar sobre la relevancia penal de los hechos objeto de la inhibición".

   Los magistrados esgrimen que "la concurrencia o condición de aforados de algunas de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante de la inhibición parcial acordada respecto de ellos, sin perjuicio de que su relevancia penal sea de la exclusiva competencia de los órganos judiciales valencianos".  

  Recalcan que el TSJ de Valencia "resolverá sobre la admisión de la imputación realizada, sobre la conexidad o no con las actuaciones ya pendientes ante el Instructor por ella designado en su día, y, en definitiva, sobre todo lo atinente al objeto al que alcanza la inhibición acordada, pues tiene plena competencia jurisdiccional sobre los hechos relatados en las actuaciones objeto de la misma".  

  En el recurso, el PP solicitó que se rechazara la inhibición "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".

   INDICIOS DELICTIVOS

   En el auto impugnado, el magistrado apreció indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps. Además, halla indicios de delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.   

El juez también advirtió de que de los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales.  

  Asimismo, destacó en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.

   En concreto, el juez reclamó a Valencia la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrimió que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios.  

  "La deuda que el citado partido habría contraído con la mercantil se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél, sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria", señaló el juez en la resolución que fue impugnada por el PP. "Esa deuda del PPCV --en cuantía de, al menos, 345.200 euros--, habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market a sus sociedades", añadió.

   "Facturas que, en consecuencia, reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles y que de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa, se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al PP de la Comunidad Valencia en cuanto cancelan una deuda de éste", agregó.

   "Estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas formuladas por el PP de la Comunidad Valenciana, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV", agregó. Así, aseguró que Ricardo Costa y Vicente Rambla eran los gestores del pago de la totalidad de la deuda del PPCV con Orange Market, según la documentación intervenida.

   IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN Y COHECHO PROPIO   

En el auto, el juez solicitó la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana. En concreto, el juez aludió a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia.

   Indicó que las irregularidades detectadas por la Intervención General de la Administración del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías de la Generalitat valenciana. Entre otros datos, la intervención expone la preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el Gabinete del Presidente.

   "Por ello, el delito de cohecho que se investiga en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal --cohecho impropio--, sino tipificado en los artículos 425, 419 o 420 --cohecho propio-- del mismo texto legal", recogió el auto.  

  En este punto, el juez se refirió a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 que pone de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad Valenciana. "La participación de Ricardo Costa Climent en estos hechos podría determinar una diferente valoración jurídica de los regalos percibidos por el mismo, y que son objeto del procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia.   

PLANTEA COMPROBAR RELACION ENTRE REGALOS Y CAMPS   

Según el auto, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".   

Así, el juez resaltó que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret --ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo--;  Víctor Campos --ex vicepresidente del Consejo de la Generalidad--; Ricardo Costa --ex secretario general del PP y diputado regional de Valencia-- y Francisco Camps, presidente de la Generalitat".