Badi ha indicado que una comisión compuesta por integrantes de los ministerios de Educación, Justicia, Interior y Defensa se encargará de elaborar la legislación que regulará el sector, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. Este organismo tendrá la capacidad de cerrar todo aquel centro que no cumpla con la reglamentación. 

  La ministra ha reaccionado así al anuncio formulado la semana pasada por parlamentarios opositores, que amenazaron con introducir una moción de censura contra ella. La representante del bloque demócrata de la ANC Najla Burriel indicó que reunirá una lista de firmantes para poder sacar adelante la moción. 

  Hasta el momento se han recogido un total de 50 firmas, pero son necesarias al menos 73 para plantear la moción de censura. Posteriormente, será necesario que 109 miembros voten a favor para que el Gobierno pida la dimisión de Badi.

   "El caso de violación de una niña de tres años de edad ha sacudido a todos los tunecinos. Advertimos a la ministra antes sobre las guarderías ilegales, pero no se tomaron medidas para evitar este tipo de incidentes", manifestó Burriel. 

  También la semana pasada, cientos de personas se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Asuntos de la Mujer de Túnez para solicitar la denuncia de la titular de la cartera. 

  La madre de la niña denunció en una entrevista publicada el 22 de marzo por el diario tunecino As Sabah que su hija presentaba sangrado de sus genitales tras regresar de la guardería. Asimismo, dijo que la víctima describió al presunto violador, que resultó ser un guarda del centro, quien ya ha sido detenido.

   El sospechoso ha sido asimismo acusado de ser parte de una red de pornografía infantil en base a las declaraciones de la niña, quien dijo que tanto él como otra mujer fotografiaron a varios niños de la guardería bailando desnudos.

   En el marco de las investigaciones se descubrió que la guardería no tenía licencia por parte del Ministerio de Asuntos de la Mujer, encargado de entregar la documentación y supervisar las instalaciones. 

  Por ello, varios activistas iniciaron una campaña contra Badi por no controlar adecuadamente las guarderías del país. Badi ya había sido criticada con anterioridad por permitir que algunas guarderías impusieran el velo a las niñas. 

  En respuesta, el ministerio emitió un comunicado de condena del crimen y ha expresado su apoyo a la víctima y a su familia, al tiempo que prometió facilitar toda la ayuda legal y psicológica necesaria. Por contra, ha negado que el centro operara de forma ilegal, si bien reconoció estar investigando la situación.