La encuesta, hecha pública este lunes, muestra que este porcentaje ha aumentando en cinco puntos porcentuales respecto a la edición anterior y puntualiza que es más alto entre los jóvenes, un 33 por ciento, y entre las personas que se identifican como izquierda, el 44 por ciento.

Asimismo, un 68 por ciento, una caída de cuatro puntos, está de acuerdo con que "se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen la violencia durante las manifestaciones".

Por su parte, un 25 por ciento, tres puntos menos, está de acuerdo con que "la violencia en las calles es legítima y justificable porque ha permitido avanzar en cambios políticos y sociales", según los datos recogidos por 'El Mercurio'.

Sobre que las movilizaciones y marchas continúen una vez superada la crisis sanitaria, los chilenos se muestran completamente divididos. Un 48 por ciento está de acuerdo con que sigan celebrándose, mientras que un 49 por ciento no.

En este contexto, el 60 por ciento considera que la principal causa del estallido social es la desigualdad en asuntos como las pensiones, la salud o la educación, seguido por los bajos sueldos y el alto coste de la vida para el 32 por ciento de los chilenos.

Para superar esta situación, un 40 por ciento cree que lo más urgente es establecer un plan económico de reactivación, mientras que el 37 por ciento cree que es el proceso constituyente, previsto para el domingo, y el 22 por ciento restituir el orden público.

La encuesta de Cadem también revela que la aprobación del presidente chileno, Sebastián Piñera, ha bajado dos puntos, hasta situarse en un 16 por ciento, y su desaprobación se ha mantenido en un 75 por ciento.

MÁS 500 DETENIDOS EN LA JORNADA DEL DOMINGO

Por otro lado, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, ha realizado un balance de la jornada de movilizaciones del domingo, convocada para celebrar estallido social que ha propiciado un proceso constituyente en el país latinoamericano.

Según Galli, se han constatado 107 eventos "graves" de violencia, incluyendo ataques contra iglesias, saqueos e intentos de saqueo. En total, se detuvo a 580 personas en todo el país, de los que 287 se corresponden con la Región Metropolitana. Además, 116 agentes de Policía resultaron heridos, seis de ellos de gravedad.

"Ahí no hay manifestación ninguna y no se puede ser ambiguo con esa violencia. Cuando se es ambiguo con la violencia, se permite que esta sea usada como excusa para demandas legítimas. Y aquí no hay excusa para la violencia", ha subrayado, informa el citado medio.

Además, ha destacado que Carabineros cumplió "estrictamente" los principios de legalidad y proporción de la fuerza, reiterando que Carabineros únicamente actuó cuando comenzaron a producirse "graves incidentes, producto de altercados entre los propios manifestantes".

CONDENA A LA QUEMA DE IGLESIAS

Entretanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) ha condenado este lunes la quema de dos iglesias en la capital, Santiago, una de ellas perteneciente a Carabineros.

El director del INDH, Sergio Micco, ha puntualizado que la institución condena lo sucedido "como un atentado a la libertad religiosa", al tiempo que ha asegurado tener "sentimientos encontrados", ya que el organismo constató que, "en la inmensa mayoría de los casos, se trataron de manifestaciones pacíficas".

"Cuando se desata la violencia quienes terminan venciendo son los más organizados, poderosos y armados (...) el orden público es esencial para que funcione la democracia y puede completamente conciliarse con los Derechos Humanos", ha indicado en declaraciones a Radio Cooperativa.

Unas 25.000 personas asistieron a la concentración de la Plaza Baquedano, en Santiago, este domingo. En ciudades como Valparaíso, Puerto Varas, Rancagua, Temuco o La Serena también se registraron movilizaciones con incidentes.

El Gobierno, por su parte, destacó la participación en protestas pacíficas y condenó "los actos violentos de grupos minoritarios", al tiempo que agradeció a Carabineros y a la Policía su labor durante la jornada.