El exdirector general adjunto de Caixa Penedès Santiago José Abella ha defendido este lunes, en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra cuatro exaltos cargos de Caixa Penedès, que las jubilaciones millonarias que se otorgaron de forma presuntamente irregular  "eran legales" y ha agregado que si no hubieran suscrito las pólizas de seguro y los planes de pensiones por los que se les garantizaron ingresos de 31,6 millones de euros "se hubiera incurrido en una discriminación" respecto a los trabajadores comunes.

   Abella, el primero de los exdirectivos juzgados que ha prestado declaración ante el juez central de instrucción José María Vázquez Honrubia, ha explicado que su contrato de alta dirección en la caja, firmado en 1996, contemplaba que tenía derecho a la jubilación voluntaria a partir de los 60 años. "Decía con total claridad que tenía derecho a prejubilarme y que cobraría el 90 ciento de mi retribución fija hasta los 65 años", ha dicho.

   Ha indicado que hizo uso de este derecho en enero de 2007, cuando tenía 61 años. "Desde entonces estoy felizmente jubilado", ha explicado.

   Según el exdirector general adjunto, en enero de 2001 el consejo de administración de la caja estableció la externalización parcial de los servicios por pensiones de los que disfrutaban sus trabajadores siguiendo el criterio adoptado por una comisión negociadora creada a ese efecto.

   Esta comisión fue la encargada de diseñar el nuevo sistema y en ella se decidió que las jubilaciones se cubrirían con un fondo de pensiones y el exceso de salario pensionable se cubriría con una poliza de seguros. Este sistema, pensado en un inicio para los empleados comunes, fue el que adoptó también la directiva

   "El personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza. No consolidar los derechos de los directivos de la misma forma hubiera supuesto que hubiera personas en la caja con todos los derechos y otras, nosotros cuatro, con sólo un trozo", ha indicado.

COMIDA DE AGRADECIMIENTO

   Abella ha recordado, además, que cuando abandonó la caja en enero de 2007 se celebró una comida en un restaurante famoso de Barcelona para agradecerle "los servicios prestados". "Me agasajaron, parece mentira ahora", ha dicho.

   En el banquillo de los acusados se sientan, además de Abella, el exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina y Juan Caellas Fernández acusados de adjudicarse planes de pensiones de forma irregular. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas de entre tres años y tres años y medio de prisión.

   El fiscal Emilio Sánchez Ulled considera que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se otorgaron de manera irregular 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas, lo que supone un delito societario continuado de administración desleal.

   Reclama a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Los herederos de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones.

   Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.