Hablamos de la investigación que comanda la juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, en cuanto a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de la que partieron cuantiosas subvenciones para las rentas de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas directas a ayuntamientos y empresas, muchas de ellas relacionadas con miembros del PSOE.  

  Las subvenciones en cuestión ni siquiera habrían sido publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y habrían carecido de la correspondiente fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

En el marco de estas diligencias judiciales, y como publican los diarios del Grupo Joly, la Intervención General del Estado ha remitido a la juez Mercedes Alaya un informe pericial acerca de los métodos utilizados para administrar y canalizar, en el plano burocrático, las subvenciones emanadas desde la partida presupuestaria 31L.

    Dicho informe considera "inadecuada e improcedente" la fórmula de las transferencias de financiación y la ausencia de procedimiento legal para la concesión y entrega de las ayudas investigadas, de las que se nutrieron expedientes de regulación de empleo con irregularidades como la innecesariedad de una reestructuración laboral como tal o la prejubilación de personas que no formaban parte de las plantillas afectadas, entre otros aspectos.

 ÁLVAREZ, GRIÑÁN Y AGUAYO   

 Señalando el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009, el citado informe reprocha a los consejeros de Economía y Hacienda de esa etapa; la exministra Magdalena Álvarez, el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo, la no adopción de las "medidas necesarias" al respecto.  

  "A la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades", cita la publicación respecto a este informe.  

  Tampoco constaría, según otro párrafo del informe, que los entonces consejeros "hayan dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía que, por su interés y repercusión, deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención de la Junta".  

  "La Intervención General de la Junta puso de manifiesto que el IFA /IDEA participaba, como entidad colaboradora, en un sistema irregular de gestión de subvenciones mediante el pago de las ayudas", señala el informe también.