El juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha decidido archivar la investigación contra varios funcionarios por la escala que hizo el pasado mes de enero en el aeropuerto de Barajas la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, al considerar que la zona de tránsito del mismo no es territorio español.

El juez Antonio Serrano-Arnal ha dictado un auto de sobreseimiento apoyándose en el artículo 25 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, conforme al cual las zonas de tránsito internacional de los aeropuertos españoles no pueden considerarse territorio español.

La parte del 'Delcygate' que se instruía en este juzgado madrileño partía de querellas y denuncias presentadas por el PP, Vox y Laócratas contra los funcionarios o autoridades que no arrestaron a Rodríguez, a pesar de que la sanciones de la UE la prohíben entrar en el espacio Schengen. En concreto, el partido de Santiago Abascal se querelló por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia, omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones.

Serrano-Arnal ha seguido así el criterio de la Fiscalía Provincial, que el pasado 29 de octubre pidió el archivo de la causa, argumentando que Rodríguez había permanecido en la sala de la terminal de aviación ejecutiva, "que como todos los espacios cerrados que preceden al paso por los controles policiales de frontera tiene la consideración de zona de tránsito aeroportuario", y que la dirigente venezolana "no manifestó su intención ni hizo acción alguna encaminada a entrar en territorio nacional"

Contra este auto de sobreseimiento cabe recurso de reforma ante el propio juzgado y recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, la autoridad judicial señala que solo pueden impugnar su decisión el Ministerio Fiscal y Vox porque entiende que ni el PP ni Laócratas están personados. Estos dos partidos aún no han depositado sus fianzas porque han recurrido la cantidad fijada por Serrano-Arnal --40.000 y 5.000 euros, respectivamente-- por considerarla excesiva.

Pese a ello, fuentes de Laócratas consultadas por Europa Press han avanzado su intención de recurrir el archivo del 'Delcygate'. A su juicio, la controversia sobre las fianzas es una cuestión técnica que no puede impedir su personación, a lo que añaden que adoptar una resolución de este calado sin que la Audiencia Provincial haya resuelto aún dicho asunto dejaría al partido en una situación de indefensión.

TAMBIÉN EN EL SUPREMO

El 'Delcygate' también está en el Tribunal Supremo (TS) por las querellas presentadas por Vox y Laócratas contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por un presunto delito de prevaricación, dado que en su calidad de ministro es aforado ante este tribunal.

La Fiscalía del Supremo también envió un informe a la Sala Segunda del TS en la que pide inadmitir estas querellas. A su juicio, no existen "indicios suficientes" de que los hechos sean constitutivos de un delito de prevaricación, ni de la participación de Ábalos en los mismos, por lo que recomienda igualmente el archivo de las actuaciones.

En su informe, reprocha a los querellantes que no han precisado "mínimamente" la supuesta participación de Ábalos en los hechos que le imputan, afeándoles que su acusación está basada "exclusivamente" en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que "ni siquiera especifica su puesto de trabajo".

Para el Ministerio Público, no existen indicios de que la supuesta intervención de Ábalos "fuera mas allá del ámbito estrictamente diplomático y entrara en evidente contradicción objetiva con el ordenamiento jurídico".

Y, al igual que la Fiscalía madrileña, recalca que, "al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo".

LA ESCALA EN BARAJAS

Los hechos se remontan a la noche del 19 al 20 de enero de 2020, cuando la 'número dos' de Nicolás Maduro hizo una escala en Barajas de camino a Turquía. En el avión también iba el ministro de Turismo, Felipe Plasencia, que encabezaba la delegación venezolana para FITUR.

Rodríguez es uno de los altos cargos del Gobierno de Maduro que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por las sanciones emitidas por la Unión Europea por violaciones de los Derechos Humanos y actuaciones o políticas pensadas para menoscabar la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela.

Durante esta parada técnica, Ábalos se vio con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto madrileño --según explicó él posteriormente-- para asegurarse de que no entrara en territorio Schengen.