Martes, 08 de julio de 2025

ENALTECIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TERRORISMO

Una asociación de víctimas pide a la Audiencia Nacional prohibir una concentración en Bilbao a favor de presos de ETA

Según el escrito de la APAVT, al que ha tenido acceso Europa Press, Sare "pudiera ser una continuación de la asociación Herrira, sobre la que pesa prohibición de actividades y que es "una mera continuación" de Askatasuna, "una estructura del complejo ideado por ETA y que por delegación de la misma tenía bajo su responsabilidad el denominado movimiento 'Movimiento Pro Amnistía' y las organizaciones y colectivos que a su vez lo constituyen".

"Sare tiene como objetivo el acercamiento de los presos de ETA y lograr su amnistía y la defensa de los derechos civiles y políticos de los presos de ETA, supuestamente vulnerados por la política penitenciaria empleada, objetivos en común con Herrira", explica.

Por ello, la asociación de apoyo a las víctimas advierte de que "detrás de SARE pudiera estar una organización ilegalizada que utiliza una plataforma legal para poder seguir desarrollando sus ilícitas actividades".

ENALTECIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TERRORISMO

Para la APAVT, el objetivo de la concentración convocada para enero "no es otro que ensalzar a quienes han sido condenados por pertenecer o colaborar con ETA, o por la realización de acciones terroristas que han causado un gran número de asesinados y heridos a lo largo del sangriento historial criminal de la banda, lo que constituye una actuación de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación a las víctimas y sus familiares que ese tipo de delitos generan".

"Es evidente que aunque la reivindicación puede entenderse como una reivindicación de los derechos de los presos, en el fondo subyace una reivindicación de excarcelación de los presos que, no olvidemos, cumplen condenas por gravísimos delitos", subraya.

Por todo ello, considera que existe "un fundamento legítimo para la prohibición de la concentración" y pide además a la Audiencia Nacional que requiera a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza que "emitan informes sobre los convocantes formales por si realmente, detrás de los mismos, se encontrase alguna organización ilegalizada".


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