La entidad Lengua y Literatura, Agrupación de Interés Económico (AIE), constituida con capital de la Fundación Camilo José Cela (al 80%) y Marina Castaño (20%), absorbió el IVA de las obras de rehabilitación de dos inmuebles pertenecientes a la entidad que lleva el nombre del Nobel (las casas de los canónigos números 5 y 8) y que fueron subvencionadas con fondos públicos.

   Así se constata en un informe pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, el cual ha sido incorporado a la investigación abierta en los juzgados de Padrón a raíz de una denuncia presentada contra la gestión de la que era mujer del escritor, Marina Castaño, y el exgerente.

   Lengua y Literatura se constituyó el 27 de julio de 1998 con un fondo operativo de 500.000 pesetas y su objetivo social era "administración, tenencia, rehabilitación, explotación y arrendamiento de inmuebles que sean propiedad de sus socios", es decir, gestionaba fundamentalmente propiedades de la Fundación Cela. La aportación de Marina Castaño se hizo a través de la sociedad Letra y Tinta, SL, que dirigía la periodista desde Madrid.

   El informe pericial, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que la AIE "ha recuperado el IVA en las facturas pagadas por la rehabilitación y equipamiento de las casas números 5 y 8 de los canónigos (parte del complejo en donde se asienta la fundación)", que fundamentalmente fueron subvencionadas con "fondos públicos".

   Según constata este mismo documento, la "recuperación del IVA" es la "causa primordial y única" de la creación de la agrupación de interés económico, para lo que se basa en el acta fundacional y en el informe del director gerente.

   Se señalaba, entonces, que "gracias a la fórmula" de gestionar tareas de carácter administrativo, financiero y contable de la rehabilitación de inmuebles ya se podía "verificar" que en el tercer trimestre del año "se solicitó la devolución de 6,3 millones de pesetas" que de haber librado la fundación "se hubieran perdido". "Y la idea es seguir así, en beneficio tanto de la fundación como de sus patrocinadores", añadían.

   La perito advierte de que, en función de la normativa vigente, "procedería la devolución del tributo a los patrocinadores desde el momento en que se produce su recuperación" por parte de la agrupación de interés económico. La acción "se consumó" el 15 de septiembre de 2010, cuando se disolvió esta sociedad, y se produce la entrega a la fundación de los edificios por un valor de 1,27 millones de euros "del que indubitadamente se excluyó el IVA".

   Con estas premisas, la técnico de Hacienda, que firma el informe el 9 de septiembre de este año, concluye que la agrupación "ha sido creada con la finalidad de recuperar cuotas del IVA que constan en las facturas de rehabilitación y equipamiento" de dos bloques de las casas de los canónigos, "subvencionadas íntegramente por sus respectivos patrocinadores".

   Añade que, al producirse la devolución y cobro del IVA, el resultado es que el "importe de las subvenciones recibidas" por la agrupación "excede al coste" para el que han sido destinadas, "debiendo ser reintegrado el exceso".

FONDOS SUBVENCIONADOS

   De la documentación incluida en el informe pericial, de más de 120 folios, se extrae un IVA de 32.370.954 pesetas (194.553,34 euros) procedentes de los patrocinadores, que son: las cuatro diputaciones provinciales, el Ministerio de Educación y Cultura, la Xunta y Renfe. Quedaron excluidas las facturas referentes a Endesa por ser una entidad privada.

   El mayor importe del IVA se corresponde con la subvención otorgada por el ministerio (76.674 euros), seguida de la Xunta (66.676 euros). De las ayudas de Renfe, serían 16.306 euros y el resto se corresponde con las diputaciones --A Coruña (18.976 euros), Pontevedra (9.105 euros), Lugo (4.974 euros) y Ourense (1.839 euros).

  Las subvenciones, que se registraban en una cuenta de la agrupación cuya autorizada era Marina Castaño, se acabaron de ingresar en el año 2000 y sumaron una cuantía de 1,5 millones de euros (252.434.881 pesetas).

   La mayor aportación procedía --como se corresponde con el IVA-- del Ministerio de Educación y Cultura (más de 92 millones de pesetas), Xunta de la Galicia (86 millones de pesetas), Renfe (16,9 y 8,5 millones de pesetas, en dos pagos), Diputación de A Coruña (22,9 millones de pesetas) Diputación de Pontevedra (11 millones de pesetas), Diputación de Lugo (6 millones de pesetas) y Diputación de Ourense (2 millones de pesetas).

LA FISCALÍA VIO "BASE" PARA INVESTIGAR

   La Fiscalía presentó una denuncia en junio de 2012, ante el Juzgado de Instrucción de Padrón con firma de Álvaro García Ortiz, en la que establecía que había "base" para investigar la posible comisión de delitos de estafa, apropiación indebida y otros, como fraude fiscal, por el desvío a una sociedad privada de las devoluciones del IVA de la Fundación Cela, que está exenta de tributación, así como por cargar a esta entidad cultural gastos privados.

   Las indagaciones partieron de una denuncia de la vecina de Padrón María Dolores Ramos García, que se querelló contra Marina Castaño y Tomás Cavanna (el exgerente de la fundación).

   La Fiscalía sostuvo, a raíz de sus investigaciones, que Lengua y Literatura "pudiera encubrir devoluciones de IVA" y tener la finalidad de cargar los gastos de la fundación, de forma que actuaría como una sociedad interpuesta.

EMPLEADOS

   Por otro lado, la vecina denunciante alertaba de que varios empleados que figuraban como trabajadores de la Fundación Cela, que abonaba sus salarios, "en realidad prestaban sus servicios en actividades privadas del matrimonio Cela".

   Al respecto, la Fiscalía consideró como hechos que el empleo de subvenciones de la Fundación Cela para contratar personal "era una práctica habitual en la denunciada --Marina Castaño-- desde hace algunos años" y que "se ha mantenido en la actualidad". De hecho, incluyó el caso de un empleado "contratado con dinero público" por la Fundación Cela que, sin embargo, ejercía su trabajo "en el ámbito privado" en Madrid, en el domicilio de Marina Castaño.

   Entonces, el ministerio fiscal solicitó documentación tanto del uso de los fondos de la Fundación Cela como del empleo de sociedades interpuestas para administrarla a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, a la Agencia Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social.

   A la vista de la documentación recabada y de las pruebas realizadas, para la Fiscalía quedaron "acreditados" parte de los hechos denunciados, "al menos en inicio", por lo que propuso judicializar las diligencias.

   Precisamente, el fiscal Álvaro García Ortiz planteaba una serie de diligencias para aclarar, por ejemplo, una operación con valores por la sociedad Lengua y Literatura AIE por importe de 1,2 millones de euros y que se tomase declaración "en calidad de imputados" tanto a Marina Castaño como a Tomás Cavanna.

   La difícil situación de las cuentas de la Fundación Cela llevó a la Xunta a rescatarla, de forma que pasó a tener carácter público desde el mes de abril de 2012. De aquella, el conselleiro de Cultura, Jesús Vázquez, sustituyó como presidente del patronato a la viuda del escritor, que no obstante continuó como presidenta de honor.