Viernes, 22 de noviembre de 2024

El grupo hace balance de un año de atentados yihadistas, ejecuciones, desapariciones y detenciones ilegales bajo el movimiento talibán

Una ONG afgana cifra en más de 500 los muertos por violaciones de los DDHH en Afganistán en 2023

De los fallecidos, 58 son niños y 38 son mujeres. Entre los heridos hay 33 niños y nueve mujeres, de acuerdo con el balance de la organización, que incluye entre las víctimas a funcionarios del depuesto gobierno afgano, activistas humanitarios, notables de tribus locales u opositores a los talibán.

La ONG apunta a la organización yihadista Estado Islámico, y concretamente a su filial afgana, como responsable de al menos 84 muertos en seis grandes atentados perpetrados en la capital, Kabul, así como en las provincias de Badajsán y Baghlan, que dejaron otros 151 heridos. El grupo incide en que la mayoría de estas víctimas eran ciudadanos chiíes y hazara, convertidos en objetivo solo por su identidad religiosa o étnica.

Rawadari también recuerda la gravísima amenaza que representan para la población, especialmente para los niños, las minas antipersona y otros explosivos sin detonar, que han costado la vida a 55 personas, entre ellas 43 niños, y 52 heridos, entre ellos 31 niños.

Rawadari trata un último grupo que reúne casos de asesinatos selectivos, ataques organizados de posible carácter criminal y ejecuciones extrajudiciales perpetrados bien por "elementos talibán o por individuos no identificados". Así, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, la organización tiene constancia de 365 muertos y 63 heridos en todo el país por estas causas.

Hay que destacar que la ONG estima que 82 empleados de las antiguas autoridades civiles y militares del país -- 68 militares, 14 civiles -- han sido asesinados a lo largo del año pasado, de acuerdo con el balance proporcionado por el grupo. En lo que concierne a las detenciones ilegales, Rawadari cifra en 623 las víctimas, entre ellas 55 mujeres, en 22 provincias del país.

La ONG, por último, señala a los fundamentalistas por estos casos de arrestos, así como tortura a detenidos y desapariciones forzadas, y denuncia una disminución del acceso a la información en 2022 en comparación con 2023, que atribuye a las medidas de los talibán destinadas a restringir la información sobre abusos contra los DDHH.

Los talibán no se han pronunciado todavía sobre este informe pero suelen rechazar por defecto documentos similares emitidos por Naciones Unidas y otras ONG al considerar que se trata de instrumentos manipulados deliberadamente contra los fundamentalistas.


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