Las propuestas de reforma no necesariamente serán trasladadas en su integridad al proyecto de Ley, mucho menos a la redacción final de la Ley, pero si se tienen en cuenta los precedentes de las dos ?Comisiones Lagares? anteriores, sí se trasladará una parte muy sustancial.

A poco que se entre en el detalle de las propuestas sobresale el punto de partida de la neutralidad recaudatoria sobre el que se inspira la reforma. En otros términos, se asume el diseño de un cambio fiscal que dejará a la presión fiscal española (ingresos tributarios sobre el PIB) en el 37 % o 38 %; esto es, globalmente no habrá rebaja de impuestos. Esto es algo que contradice directamente el programa de gobierno del PP.

Cuestión diferente es que las propuestas de reforma que contiene el informe, de ponerse en práctica, supondrán un cambio no menor en la distribución de la carga fiscal entre los contribuyentes. En otros términos, aunque la presión fiscal se mantenga constante, habrá grupos de contribuyentes cuyo esfuerzo fiscal se reduzca y otro que acabe soportando una mayor carga.

El nudo gordiano de la reforma consiste en reducir tres tributos directos (IRPF, Impuesto sobre Sociedades y Cotizaciones Sociales) y subir la carga fiscal en el IVA y en una propuesta no del todo clara de ?impuestos medioambientales?. Sobre la imposición medioambiental y la reforma se está concluyendo un primer informe dentro de los trabajos de la Cátedra de Economía de la Energía y del Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, de manera que habrá que esperar un poco.

La propuesta de reforma comparte algunos argumentos que se pueden encontrar en los informes de las dos Comisiones anteriores. Está formulada en términos bastante claros para el lector con conocimientos fiscales intermedios aunque tiene una ?caja negra? crucial. Esa ?caja negra? es el Modelo REMS utilizado para simular los resultados de las medidas a tomar antes de plasmarlas en el informe. Particularmente, conozco al profesor Lagares desde hace años y su doble condición de Catedrático de Hacienda Pública y de Inspector de Hacienda le hace depositar la confianza ?justa? en los modelos económicos cuantitativos.

Lo que sí resulta difícil de entender es la secuencia temporal de la reforma que se plantea. La propuesta parece proponer dos bloques de reforma de aplicación sucesiva. El primer bloque a poner en marcha no incluiría la bajada de las cotizaciones sociales de los empleadores (la única que la reforma considera). Este bloque incluiría ?entre otras medidas- una rebaja en el tipo marginal máximo del IRPF, una reducción a cuatro en el número de tramos, la eliminación del método de estimación por módulos y un aumento del mínimo personal y familiar exento para promover una necesaria política natalista que frene el envejecimiento de la sociedad española.

A la pretendida reducción de la carga en el IRPF se uniría una reducción del Impuesto Sociedades no inmediata pero que a medio plazo dejase su tipo legal y efectivo en torno al 20 % (que por cierto es el tipo efectivo que ya pagan hoy la mayor parte de sociedades españolas).

La sorpresa está en la subida que se propone para el IBI de manera que ayude a compensar una posible menor recaudación por IRPF e Impuesto sobre Sociedades. Sin duda se trata esta de una propuesta que será extraordinariamente impopular habida cuenta de la ?visibilidad? de este impuesto, esto es, lo fácil que detectan los contribuyentes como impacta en su bolsillo un aumento del mismo.

El segundo bloque de la reforma ?que parece diseñado para entrar en vigor en un momento posterior- es el que aborda la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social a cambio de subir el IVA ?o? la imposición medio ambiental. El argumento económico para los reformadores es doble. En primer lugar parte del hecho cierto de que en España el reparto en la carga de las cotizaciones a la Seguridad Social cae del lado de las empresas más que sobre los trabajadores. Con cifras gruesas, de los 90.000 millones de euros anuales que se recaudan, 70.000 millones proceden de las empresas y apenas 30.000 millones de los trabajadores.

El segundo argumento de la Comisión es que una reducción lineal de estas cotizaciones (que para las empresas son un coste laboral más) es más eficaz en la promoción del empleo que el actual entramado de bonificaciones que promueven la conversión de contratos temporales en fijos, la contratación de jóvenes o la contratación de colectivos con graves problemas de inserción.

La compensación de estas rebajas en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social se propone hacer a través de un aumento en la recaudación por IVA pero no a través de una nueva subida del tipo general. La mayor recaudación vendrá de una reducción del número de bienes a los que actualmente se aplica el tipo reducido. Probablemente esta compensación se haría de forma conjunta con un aumento de la ?imposición ambiental? cuyo comentario posponemos.

Por último y no menos importante, el documento entregado por la Comisión de Expertos se ha hecho a la vez que el Gobierno anunciaba la firma de tres acuerdos sobre el intercambio de información tributaria con otros tantos paraísos fiscales. Se trata de los territorios británicos de Jersey, Guemsey y la famosa Isla de Man. Ninguno de ellos entrará en vigor de forma inmediata pues ahora sólo comienzan unas negociaciones que tardarán, previsiblemente, mucho tiempo. Pero esta coincidencia nos recuerda que en un mundo globalizado cuyo único principio eficaz del derecho internacional parece ser el de libertad de circulación de capitales, las reformas fiscales ?locales? tienen un efecto cada vez más limitado por los ?efectos desbordamiento? o fuga de capitales.