Jueves, 25 de abril de 2024

el separatismo es totalitario y la generalidad su instrumento

UPyD denuncia la "represión y autoritarismo" de la Generalitat por pedir sanciones por la retirada de lazos amarillos

Según ha informado en un comunicado, la administración catalana ha decidido, tras las "reiteradas amenazas" del presidente de la Generalitat, Joaquin Torra, "poner en marcha una inaceptable campaña de represión" contra dichas personas. "El Gobierno de la Generalitat pretende iniciar acciones contra ellos y acusarlos de posibles daños al dominio público e infracción grave de la Ley de seguridad ciudadana, con sanciones de hasta 600.000 euros", ha indicado UPyD.

Según la formación política, este anuncio supone "un nuevo peldaño en la escalada de represión en Cataluña contra todas aquellas personas que se oponen al régimen nacionalista de la Generalitat". "Cataluña vive un momento de extrema gravedad en el que se ha subvertido la realidad y la lógica de la ley. Se cometen dobles delitos de prevaricación, persiguiendo a ciudadanos que quitan lazos amarillos de la vía pública, acusándolos de cometer un delito inexistente, mientras, no solo no se actúa, sino que se anima al violento secesionismo a ocupar el espacio público con sus símbolos en un claro acto de violencia contra la libertad del resto de la ciudadanía", ha lamentado UPyD.

Según ha recordado, la retirada de símbolos partidistas de espacios públicos ha sido amparada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 5 de julio pasado y el Gobierno "debe defender y amparar a todos los ciudadanos españoles y velar por el cumplimiento efectivo de la Ley y todas las sentencias judiciales", ya que no hacerlo supondría "una dejación de sus funciones y la siembra de la semilla de un conflicto que afecta no solamente a Cataluña y a los ciudadanos no nacionalistas, sino a todos los españoles y a España como proyecto democrático viable".

En este contexto, desde UPyD han exigido que se pongan en marcha los mecanismos del Estado pertinentes y las medidas judiciales adecuadas, tanto para la reactivación del artículo 155 de la Constitución "en cuanto fuese pertinente", como para la acción judicial en defensa de los derechos civiles de "todos los catalanes amenazados por el totalitarismo nacionalista de la Generalitat de Cataluña".


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