El marido de la Infanta Cristina ha impugnado de este modo el auto en apelación, después de que el juez instructor del caso Nóos, José Castro, desestimase en primera instancia el anterior recurso que presentó contra la caución. Ahora será la Audiencia la que deberá deliberar sobre si debe o no mantenerse la fianza que pesa sobre Urdangarin y Torres. En el anterior recurso que presentó el Duque, su abogado denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la fianza, pronunciándose de este modo "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.

 Es más, la defensa del encausado consideraba que su patrocinado se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" e insistía "en la convicción y postura procesal de que a mi mandante no se le debe aplicar fianza alguna de responsabilidad civil provisional derivada de la imputación de determinados delitos". Por su parte, el abogado de Torres aseveraba que su cliente "ni por asomo podía siquiera imaginar que algo irregular pudiera existir". Según el recurso, "es cierto que el Instituto Nóos era un ente sin ánimo de lucro, otra cosa es que los profesionales que prestaron servicios para el mismo, bien de forma directa, bien de forma subcontratada a través de otras sociedades (...) no percibieran por su trabajo las contraprestaciones económicas correspondientes". Sin embargo, el juez Castro, en el auto por el que confirmó la fianza, recalcó respecto a la oposición del Duque que "no se adivina dónde radica la indefensión" que proclamó el imputado "cuando no se hace uso absolutamente de nada que no esté incorporado a la causa y esté en poder de los recurrentes", en referencia a Urdangarin y a Torres.

 DESGLOSE DE LA FIANZA

En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.

Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).