El secretario confederal de acción sindical de USO, José Vía, ha advertido este lunes en Gijón que Arcelor-Mittal ha encargado la preparación de un ERE de extinción para 3.600 trabajadores en toda España, si es que no se llega a un acuerdo o la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos no resuelve a su favor.    

  Vía ha  asegurado que se está "condenado a alcanzar el acuerdo menos malo posible", condicionado a la apertura del alto horno B, antes que un descuelgue del convenio o incluso el cierre. El ERE de extinción afectaría sobre todo a Asturias, si es que no se reabre el horno. Es por ello, que ha pedido responsabilidad a sindicatos y empresa y ha conminado al Principado, y en especial al Consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, a implicarse y no quedarse "detrás del burladero".   

 "No vamos a cejar, pese a quien le pese, en intentarlo", ha apuntado. Así lo ha indicado en rueda de prensa en la sede de USO, donde ha adelantado su propuesta, con flexibilidad horaria, pero sin aumento de jornada, y congelación salarial, retribuciones que se actualizarían en años posteriores junto con los atrasos.  

  En este sentido, ha avanzado que posiblemente entre este martes y miércoles el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de Madrid convoque la reunión para el acta de conciliación, que lo más probable es que se celebrará a finales de esta semana, con lo que la resolución se dará la que viene.  De no llegar a un acuerdo,  la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos tendría 25 días máximo para resolver. Una resolución de aplicación inmediata, cuyo recurso ante los tribunales puede tardar dos o tres años.

   La empresa pide la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el IV Acuerdo Marco del Grupo de Empresas de ArcelorMittal en España en lo referido a la jornada de trabajo, que quiere aumentar en 96 horas semanales, y el régimen económico, que quiere rebajar un 25 por ciento.   

 Con lo primero, quiere ahorrarse la contratación de eventuales que en Asturias, por ejemplo, supone 500 para poder dar vacaciones. La empresa ha estimado este ahorro en 8,5 millones de euros en toda España. En cuanto a lo segundo, se quiere recuperar los niveles salariales de 2008, sin aplicación de los incrementos posteriores, lo que sumaría un ahorro de 55 millones de euros. Todo ello suma un ahorro cercano a los 63 millones de euros.   

 De hecho, en la solicitud hecha al SIMA, la empresa sostiene que "medidas alternativas a las propuestas que revistieran una menor intensidad tendrían apenas un efecto neutro en la corrección de la grave situación del Grupo y lo abocarían, sin dudad, a la adopción de medidas de rescisión de contratos con una mayor incidencia social".  

  Por todo ello, pide además que las medidas propuestas por la empresa se puedan aplicar "a la mayor brevedad posible", bien dentro de un acuerdo con los sindicatos o como consecuencia de una decisión mediadora o en el seno de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.   

 Además, se advierte en el escrito que el IV Acuerdo Marco, con vigencia hasta el próximo 31 de diciembre y denunciado por el Grupo el pasado 3 de septiembre, se entiende que la ultractividad del mismo se alcanzará hasta la misma fecha de 2013.  Por este motivo, la propuesta de inaplicación en materia de jornada y salarios se extiende hasta el 3 de septiembre de 2013.  

  Con todo, USO ha asegurado que un acuerdo es posible, al tiempo que ha alertado que de no ser así, puede darse un conflicto social "de incalculables consecuencias". Vía, que ha aludido al "chantaje" de Mittal con el horno alto, ha destacado que la reactivación de este último es la única garantía de mantener el empleo.

PROPUESTA DE USO  

  Sobre la propuesta de USO, Vía ha apostado por mantener el Acuerdo Marco del Grupo en España, no esperar a que sea la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos quien decida sobre la jornada y los salarios, ya que ha augurado que fallará a favor de la empresa, garantizar la apertura del horno alto B y evitar un ERE de extinción, al que se iría si el citado horno no vuelve a abrir. "Sería el mayor golpe al empleo en Asturias en décadas", ha asegurado.  

  Por ello, propone el cumplimiento íntegro del IV Acuerdo Marco, con actualización de tablas salariales al 31 de diciembre de este año, con el reconocimiento de atrasos y compromiso de pago; que la empresa comprometa una fecha concreta para que vuelva a abrir el alto horno, y la vigencia de un acuerdo nuevo a cuatro años (2013-2016), para que en esta última fecha se recuperen la situación económica y derechos sociales a fecha del próximo 31 de diciembre, más los posibles incrementos que se pudieran pactar para 2014 y 2015.

   Más en detalle, se propone congelación salarial para 2013, 0,6 por ciento de incremento fijo (+ variable) para 2014 y de 2,4 en 2015. Asimismo, los atrasos de 2012 se abonarían un 50 por ciento en 2014 y el resto en 2015.  

  En cuanto a la jornada, se mantendrían las 1.640 horas anuales, pero con una flexibilidad de 80 horas al año y la partida de las vacaciones en instalaciones con parada anual. También se ofrece el convertir la retribución variable un máximo de un siete por ciento del salario bruto medio y se pide el compromiso de seguir con los contratos-relevo y contratar 200 eventuales en 2014 y 2015.   

 "El reloj corre a toda velocidad", ha advertido, antes de recalcar que la situación es de "extrema gravedad y requiere de decisiones valientes". Vía ha señalado que debe decir a todos los afectados y a la Administración que no hay mucho tiempo que perder y que está en juego el empleo. De hecho, ha señalado que en el fondo de la situación está que cierre el horno de Gijón o el de Marsella (Francia).

   Unido a todo ello, ha incidido en que no caben ni estrategias ni tácticas sindicales, sino la responsabilidad. A este respecto, ha reconocido que se propone el primer acuerdo que empeora las condiciones de los trabajadores, pero sería peor que hubiera descuelgue del convenio y se acogieran al del Metal de Asturias, con el que las bajadas podrían ser mayores de las propuestas, de hasta unos 15.000 euros anuales.