La red ciudadana Sare ha celebrado este sábado en Bilbao una mesa redonda, bajo el título 'Avanzando hacia la convivencia', como antesala de la manifestación que durante la tarde recorrerá las calles de la capital vizcaína para reclamar el fin de la legislación penitenciaria "de excepción" que se aplicaría a los presos de ETA.

En el encuentro, desarrollado en el Palacio Euskalduna, han intervenido Rosa Rodero, viuda del agente de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en 1993, y Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA en el año 2000.

También han tomado parte, Mari Nieves Díaz, madre de la presa de ETA Iratxe Sorzabal, así como Tamara Muruetagoiena, hija de Esteban Muruetagoiena, que falleció tres días después de salir de la comisaría de la Guardia Civil dónde había permanecido 10 días incomunicado, e Irantzu Benito, quien en una visita a un preso de ETA sufrió un accidente de tráfico en el que fallecieron dos personas.

Entre el público asistente se ha podido ver además a representantes políticos de PNV, EH Bildu, Podemos, Sortu, ERC, CUP, BNG o Junts, entre los que han estado Dolors Bassa y Carme Forcadell, así como a representantes todos los sindicatos vascos, junto a Pili Zabala y Asun Lasa, hermanas de víctimas de los GAL.

En el transcurso de la mesa redonda, Rosa Lluch ha sostenido que no se puede hacer ver "que nada ha pasado" ya que "ha habido unas "violencias muy duras en un territorio relativamente pequeño" y es necesario "reconstruir puentes".

"Creo que tenemos que tener un relato en el que sentirnos cómodos todos. No significa que sea el mismo relato y todos pensemos lo mismo", ha argumentado, para añadir que "la violencia no homogeneiza en lo que cada víctima piensa, sino en lo vivido".

En este contexto, ha recordado que hubo gente que provocó "estas violencias", aunque se acabaron y ha criticado a quienes "juegan con la idea obscena de que ETA existe". Asimismo, ha considerado "obsceno" que se utilice el dolor de las víctimas y ha reprobado que "dirigentes de la ultraderecha hablen en nombre de las víctimas de ETA".

Además, ha lamentado "los silencios", también de la sociedad, ante las "situaciones de violencia". "No podemos entender que las instituciones supieran que se producían violencias de derechos humanos y tampoco entiendo que la gente callara cuando había personas asesinadas y secuestradas", ha recordado.

JUVENTUD VASCA

Por su parte, Rosa Rodero ha advertido que no se pueden pasar las paginas de la historia sin leerlas y ha advertido que la juventud vasca "no tienen conocimiento de la historia", aunque sí son receptivos si se les cuenta lo acontecido en las últimas décadas.

Asimismo, ha destacado la reacción de la sociedad, pero ha apostado por seguir informando a los jóvenes "para no volver a repetir" lo sucedido. "Si las cosas se olvidan se vuelven a repetir", ha asegurado.

Por otro lado, ha afirmado que los reclusos de la banda tienen "derechos y obligaciones" y ha aclarado que no pide su puesta en libertad ya que "tienen que cumplir sus penas". "Pero sí hay que respetar lo que dice la ley y que el preso esté cerca de casa", ha indicado.

Por su parte, Irantzu Benito, quien sufrió un accidente de tráfico cuando visitaba a un preso de ETA, ha denunciado que no se da un reconocimiento a las víctimas de la dispersión por parte de las instituciones, cuestión que ha considerado necesario corregir.

Asimismo, Mari Nieves Díaz ha dicho que su hija (la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal) no fue la primera torturada y ha denunciado que han sido muchos los casos. "Yo sabía que la iban a torturar porque me llamaban por teléfono para decírmelo". "¿Quién ha hecho algo por que eso se termine? Nadie", ha censurado.

Según ha reprobado, "las instituciones saben que se tortura" y ha advertido que los torturados no es que sean "víctimas de primera o de segunda sino que no existen".

Por último, Tamara Muruetagoiena ha reconocido que acudió a las instituciones para reclamar sus derechos no por ser hija de una persona torturada sino porque necesitaba "una explicación, una reparación institucional y reconocimiento".

"Quiero que los informes de tortura sean amplificados y quienes hayan cometido delitos contra la integridad de estas personas puedan ser llevadas a juicio", ha indicado, al tiempo que ha valorado que se está logrando una reparación institucional.

SARE

Antes del inicio del encuentro, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha aseverado que se vive "un tiempo de esperanza" en el que solo la apuesta por todos los derechos humanos puede posibilitar un "escenario diferente" de tal forma que "el acuerdo, la empatía y la solidaridad sustituyan al enfrentamiento".

Pese a reconocer que "prácticamente se está cerrando" la etapa de la política de alejamiento de los presos de la banda, ha advertido que, sin embargo, la política de excepcionalidad "continúa" a través de una actitud "de bloqueo" y mediante "continuos recursos" desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional. "La AN está empeñada en bloquear una legislación penitenciaria de carácter ordinario que es lo que reclamamos", ha reivindicado.

En esta línea, ha defendido que cuando Sare dice "etxera" (a casa) lo que reclama es que "con la ley en la mano y la aplicación de las leyes ordinarias es posible hacer ese camino".

"Respetamos que los jueces y fiscales tengan una ideología política. Lo que denunciamos es cuando se traslada a sus decisiones y recortan derechos de los presos. No pedimos privilegios sino que no se produzcan excepciones como las que vemos los últimos meses cuando, de manera constante, se recurren las decisiones de las juntas de tratamiento y se rechazan las progresiones de grado", ha insistido.

"ARBITRARIEDAD"

Tras lamentar que cuando la política "entra por la puerta de los juzgados la justicia sale por la ventana", Azkarraga ha denunciado que la Audiencia Nacional "utiliza la discrecionalidad cuando no la arbitrariedad".

Así, ha censurado que se mantengan leyes de excepción como las que posibilitan el cumplimiento de 40 años de prisión o que no se computen las condenas cumplidas en cárceles francesas.

Por último, ha subrayado que con la aplicación de la política penitenciaria ordinaria, el 64% de los presos de ETA, un total de 110, podrían estar ya "en semilibertad o libertad condicional"