La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos.

 Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública.

LA TRAMA DE LOS ERE  

  La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en las diligencias. 

 "  Pues bien, un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaborado por el Grupo de Delincuencia Económica profundiza pormenorizadamente en el expediente de regulación de empleo promovido entre 2008 y 2009 por la ya extinta empresa de componentes aeronáuticos "Calderinox S.A.", radicada en Salteras (Sevilla). Y es que dicho ERE incluyó las prejubilaciones del que fuera delegado provincial de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y del exempleado de Litalsur Antonio Fernández Garzón, quienes jamás habían trabajado en esta empresa. Ambos, además, figuran como imputados en estas diligencias que comanda la juez Mercedes Alaya.

 EL ERE DE CALDERINOX  

  El atestado en cuestión, fechado el 25 de enero de 2012 y recogido por Europa Press, expone numerosas incidencias con relación a la tramitación del expediente de regulación de empleo, pues estas ayudas sociolaborales habrían sido libradas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable". Pero además, los investigadores de la Guardia Civil inciden especialmente en la labor desarrollada por la consultora Vitalia Vida para la elaboración de los cálculos relativos a los costes de la prima correspondiente a la póliza de seguro de rentas constituida para el conjunto de los trabajadores afectados por el ERE.

   En concreto, y en función del resultado de un informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", los investigadores señalan que "teniendo en cuenta la cotización dada por Vitalia Vida, para los mismos trabajadores incluidos en el estudio de Mercer, existe una diferencia de 221.275 euros de coste mayor según el estudio de Vitalida Vida, cuando los niveles de cobertura son similares en ambos casos". En concreto, y según el atestado policial, el estudio elaborado por la consultora Mercer atribuía un coste de 793.610,78 euros para la prima asociada a este expediente de regulación de empleo, mientras los costes fijados por Vitalia Vida ascendieron a 1.014.885,82 euros.  

  "A juicio policial, esta diferencia se debe a que Vitalia Vida inflaba artificialmente los costes a fin de obtener un mayor beneficio en su mediación", concluye sobre este aspecto el mencionado atestado. Jesús María Bordallo, responsable en  Sevilla de Vitalia Vida, y Francisco José González, comercial de esta firma, figuran como imputados en esta causa junto a otros muchos