Para ello, ha registrado una proposición no de ley, que se debatirá en la Comisión de Política Territorial, en la que exige una "respuesta firme y ejemplarizante" del Estado. De no producirse, advierten los de Santiago Abascal, "retrataría al Gobierno como cómplice y responsable de los intentos de los separatistas de eliminar la nación española y destruir toda forma de convivencia pacífica y credibilidad institucional".

En el texto, Vox alega que "el constante menoscabo" de las autoridades catalanas a los principios constitucionales de unidad del territorio nacional "ha llevado a la región a un estado de desobediencia perpetuo". En esta línea, asegura que la lealtad institucional de los servidores públicos está cuestionada en la comunidad autónoma, más desde la celebración del referéndum de octubre de 2017, "cuando se pretendió romper el orden constitucional con la aquiescencia de las autoridades regionales".

Para los de Santiago Abascal, a este "intolerable suceso" se suman otras formas de "desobediencia", entre las que citan el incumplimiento de la sentencia que obliga a impartir el 25 por ciento de clases en español en las escuelas catalanas.

Por ello, Vox cree "necesaria" la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Debe ser el Gobierno quien, con la aprobación del Senado, adopte cuantas medidas sean necesarias para asegurar el retorno a la normalidad de la región, de la que dice que está "gobernada por una autoridad rebelde al orden constitucional y la unidad de España".

DEFENSA DEL ESPAÑOL

En el texto, la formación política también insta al Gobierno a proteger el uso y conocimiento del español en centros educativos catalanes, "persiguiendo que su empleo legítimo suponga motivo de persecución, discriminación o estigmatización" y "garantizando el derecho fundamental de los padres a escolarizar a sus hijos" en esta lengua.

De forma paralela, Vox pide garantizar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Mossos d'Esquadra particularmente, puedan "prevenir, investigar, evitar y, en su caso, reprimir, empleando todos los medios a su alcance" los intentos de "subvertir" el orden constitucional. También garantizar que las administraciones públicas, en especial los municipios, "trabajen en favor del bien común y del interés de los españoles" y "abandonen la promoción, favorecimiento y realización de estrategias, actuaciones y actividades al servicio de la ideología separatista".

Asimismo, insta a promover la "persecución" de la "utilización espuria y fraudulenta de fondos públicos de todos los españoles por parte de las instituciones catalanas, empleados para alentar, de diversas formas, los delirios separatistas" e impulsar las acciones "necesarias" para poner fin al "adoctrinamiento" en TV3 y demás medios públicos catalanes que "pretendan enfrentar a los catalanes entre sí y al resto de los españoles".

"De no utilizarse los resortes del Estado para este fin, el Gobierno continuará siendo cómplice y responsable de los intentos de los separatistas de eliminar la nación española y destruir toda forma de convivencia pacífica y credibilidad institucional", avisa.