Así consta en un escrito del partido liderado por Santiago Abascal, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se indica que ese informe de la Secretaría General del Senado "expone de forma sistemática y pormenorizada cada una de las vulneraciones constitucionales de la iniciativa parlamentaria, así como su frontal e indudable contradicción con la Constitución, que evidencia la comisión del delito imputado cometido por el querellado".

Vox subraya que ese nuevo informe es una prueba nueva por lo que busca que la juez Rosa María Freire cambie de criterio sobre Galindo. Cabe recordar que en su auto, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el informe de Galindo no era "subsumible en el tipo penal de prevaricación".

La titular del Juzgado coincidía con el criterio de la Fiscalía Provincial de Madrid al entender que "la nota-informe" elaborada por el secretario general del Congreso constituía "un mero acto de trámite" y "asesoramiento" que no es vinculante ni tiene capacidad decisoria, por lo que no podía apreciarse prevaricación alguna.

Disconforme con la decisión, Vox presentó un recurso de reforma contra la decisión de la juez de inadmitir su querella al entender que la inadmisión "sin más, y sin practicar las más elementales pruebas para la comprobación de existencia y alcance de delito", vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

Y ahora, con este nuevo escrito, abunda en que "no puede eludirse a la vista de la contundencia del informe" del Senado, y de sus conclusiones, "que las mismas son emitidas como un dictamen jurídico, objetivo y técnico, frente a las manifestadas por el querellado como conocedor y experto en derecho parlamentario y máximo responsable de la Secretaria General en Congreso".

"Era conocedor de las cuestiones técnicas que aborda el documento que aportamos, y a pesar de ello, prefirió obviarlas para facilitar que la iniciativa parlamentaria, que nunca debió ser siquiera admitida, lo fuera por los miembros de la Mesa, propiciando así su tramitación", explica el equipo jurídico de Vox en su escrito.

Para el partido, "no queda duda alguna de que el querellado obvió por intereses espurios" opiniones jurídicas fundadas contrarias a la tramitación de la ley de amnistía, "de las que se apartó consciente y dolosamente, y con las que incumplió sus obligaciones como secretario general del Congreso".

Tras esto, incide en que el informe emitido por la Secretaría General del Senado es "un informe jurídico completo, preciso y amplio en el que se analizan todas las cuestiones desde el aspecto técnico jurídico" y añade que esto contrasta con el informe del letrado del Congreso en el que "es evidente que, desde el principio, tiene una conclusión política dirigida y busca argumentos que justifiquen su posición". "Mmanifestamos que su informe, núcleo central y esencial de su actuación, es arbitrario, injusto y realizado a sabiendas y conociendo las consecuencias de su acción", recalca.

EL INFORME DE GALINDO

El informe denunciado por Vox indicaba que, aunque podía haber dudas de constitucionalidad sobre el texto que en su momento juzgará el TC, no existía una "contradicción evidente o palmaria" con la Constitución que justificara vetar su tramitación. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que tienen PSOE y Sumar, dio trámite a la iniciativa.

Los de Santiago Abascal reprochaban a Galindo que, pese a ver posibles puntos de inconstitucionalidad, redactara un "informe rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico" para acabar concluyendo que no se oponía a su calificación por la Mesa.

Para Vox, el informe del letrado mayor era "eminentemente antijurídico y arbitrario" porque, en su opinión, "no puede haber grados en la constitucionalidad o inconstitucionalidad". "Las leyes son constitucionales o no lo son, no pudiéndolo ser solo un poco o hasta un determinado grado en que la consciencia jurídica admitiera lo inconstitucional", sostenía la formación, siguiendo la tesis de otros letrados de la Cámara como Manuel Fernández Fontecha.

Los de Vox insistieron en que si el informe de Galindo hubiera sido desfavorable y la Mesa hubiera admitido a trámite la proposición de ley, él habría estado exento de responsabilidad, pero al no hacerlo incurría en un presunto delito de prevaricación.**EL INFORME DEL SENADO

Los letrados del Senado concluyeron el pasado lunes que la proposición de ley de amnistía es inconstitucional en un informe que criticaba la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominaron como "reforma encubierta de la Constitución".

Según el texto del informe, al que tuvo acceso Europa Press, la secretaría general, encabezada por la nueva letrada mayor del Senado, Sieria Mucientes, exponía los diferentes motivos por los que considera que es inconstitucional esta norma. "La Proposición de Ley incurriría en motivos de inconstitucionalidad por vulnerar varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución", reza uno de los párrafos del informe de los letrados.

Asimismo, el texto señalaba que "los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra, pues supone una invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de constitución".