Les imputa seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de los artículos 456 y 457 Código Penal, estafa procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal, revelación de secretos, de los artículos 417 y 418 del Código Penal y estafa procesal del artículo 250.1.7ª del Código Penal, según informa Vox en un comunicado.

IGLESIAS ES AFORADO ANTE EL SUPREMO

Por estos mismos hechos y delitos Vox presentó denuncia a finales del pasado mes de junio ante la Fiscalía General del Estado sin que ello haya tenido consecuencias por el momento.

La querella se ha presentado en la Audiencia Nacional pese a que Iglesias es aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de miembro del Gobierno y diputado, por lo que los hechos al menos en su persona no son competencia del juez de la Audiencia Nacional.

El caso 'Dina' arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. El asunto dio un giro a finales del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado del vicepresidente tras constatar que tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora durante varios meses antes de devolvérsela.

En su escrito, la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro, denuncia una presunta implicación en los hechos del miembro de Fiscalía Anticorrupción querellado, en una presunta connivencia con la abogada de la formación morada, y que en el marco de una posible relación sentimental, para la obtención de información secreta y privilegiada. Habla también de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que considera "ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos".

Según Vox, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre Mariló Montero. "La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros", explica Castro en la querella.

Añade que el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.

El partido liderado por Santiago Abascal insiste en su querella en que la exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias.

ESTRATEGIA PARA "VICTIMIZARSE"

Castro destaca que en el caso de Iglesias, obedece a una estrategia por la que "victimizarse" para sacar rédito político y que los abogados de Podemos concertaron con Fiscalía Anticorrupción para intentar implicar al medio digital OK Diario en el Caso Dina.

Ahora, la denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que ha motivado la imputación de Podemos en una causa sobre presuntas irregularidades en su financiación, hay según Vox "más pruebas de todo ello".

Finalmente, la querella solicita que se tome declaración a los cuatro querellados; que se requiera a Marta Flor, a José Manuel Calvente y al fiscal Ignacio Stampa copia íntegra testimonia de los mensajes que intercambiaron los interesados entre sí. Se solicita también que se recabe la información publicada sobre los hechos referidos en los medios de comunicación y páginas web sobre los hechos que hayan sido publicadas, para que sean contrastadas por la unidad correspondiente a fin de certificar las mismas.