Con la cita de hoy, el jefe del Ejecutivo pretende explicar una vez más las medidas que ha puesto y pondrá en marcha el Gobierno para frenar una tasa de paro que sigue disparada y que se ha situado cerca de la barrera psicológica del 20% (19,7%), a pesar de la ligera creación de empleo de los últimos trimestres.

   De hecho, las previsiones del Gobierno son poco halagüeñas, ya que apuntan a que la tasa de desempleo cerrará el 2010 cerca de ese 20% (19,8%) y se mantendrá por encima del 19% en 2011. Será sólo a partir del año 2012 cuando el paro, según las cifras del Ejecutivo, se reducirá hasta el 17,5%.

   Esta comparecencia fue solicitada por la Junta de Portavoces del Congreso en el mes de septiembre, a través de una petición del PP, CiU y PNV, a la que finalmente se unieron el resto de grupos parlamentarios.

   El Pleno se celebrará justo un día después de la votación en el Pleno del Congreso de las enmiendas presentadas por las diferentes fuerzas políticas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.

REFORMA DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO.  

  Zapatero dedicará, previsiblemente, parte de su intervención a preparar el terreno de lo que será la reforma de las políticas activas de empleo, que el Gobierno pretende tener lista para enero o febrero del próximo año.

   Uno de los puntos claves será la posibilidad de que se recorten las prestaciones a los desempleados que rechacen ofertas de empleo o formación. Hasta el momento, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se ha comprometido a "activar" a los parados "sin afectar" la magnitud de sus prestaciones.

   Por otro lado, en un reciente documento elevado al Consejo de Ministros, Trabajo ha fijado como los tres grandes ejes de la reforma llevarla a cabo con "una visión a largo plazo", conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las políticas activas que tienen las comunidades autónomas, y combinar la actuación de los servicios públicos de empleo con la de los agentes privados de intermediación.

   El Ejecutivo considera que, en el actual punto del ciclo, cerrada la reforma laboral, es el momento de engrasar la máquina de la formación y la mejora de la empleabilidad de los parados. Por eso, ha circunscrito el diálogo con los agentes sociales y las comunidades autónomas hasta lo que queda de año a intentar consensuar esta reforma.

AÚN NO SE PUEDE CONTAR CON EL DIÁLOGO SOCIAL.  

  Sin embargo, desde que el Gobierno decidiera aprobar por decreto la reforma laboral, el diálogo social está aún lejos de reactivarse. Precisamente la semana pasada, en lo que fue considerado como una primera toma de contacto tras la huelga del 29-S, los sindicatos volvieron a advertir a Zapatero de que no están dispuestos a sentarse a negociar si no hay una rectificación en su política económica y revierte la reforma del mercado de trabajo.     

Enrocados en la rectificación, UGT y CC.OO. tampoco afrontan con garantías la postergada reforma de la negociación colectiva, un cambio que debe consensuar con la patronal ante del 15 de marzo, fecha que el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha fijado como plazo máximo.  

  Ante la conflictividad abierta entre la partes y el recrudecimiento de las presiones de los mercados por la inminente quiebra de Irlanda, está por ver si el presidente del Gobierno toma el liderazgo de estas reformas y decide emprenderlas legislando, esto es, recurriendo al decreto ley una vez más, pues para otra de las grandes reformas, la de las pensiones, el Pacto de Toledo también tiene fecha de caducidad: el próximo mes de abril.  

   Mientras, la CEOE, inmersa en los preparativos de las elecciones adelantadas que reemplacen a su actual líder, Gerardo Díaz Ferrán, se mantiene a la expectativa ante su primera reunión con el Gobierno, fijada, en un principio, para conocer los planes del Ministerio de Trabajo para reformar las políticas activas de empleo.