Almunia ha realizado estas manifestaciones en San Sebastián en el transcurso de una rueda de prensa en el Palacio Miramar, en cuyo exterior se concentraban representantes sindicales de los astillero con la pancarta "sector naval en lucha".  

  En su comparecencia, Almunia, que se ha reunido a lo largo de la mañana con los sindicatos, ha insistido en la idea de que no son los astilleros ni los armadores los que tendrán que devolver las ayudas y, en alusión a los inversores, ha afirmado que hay "quien no está asumiendo su responsabilidad de devolver las ayudas".  

  El comisario ha indicado que esa postura "le preocupa" porque, además, están "metiendo miedo" a los astilleros. Almunia ha añadido que será la Hacienda central la que tiene la obligación de pedir a los inversores la devolución de las ayudas desde abril de 2005 "porque son ellos quienes se beneficiaron", y así se excluye "categóricamente" que astilleros e inversores "tengan que devolver ni un solo euro de ayudas porque no las han recibido".

   Almunia ha explicado que lo que "no puede ser" es que se base la supervivencia del sector en unas ayudas que "no son compatibles" con las normas europeas y que, además, "no le han beneficiado".

   El comisario ha indicado que esa postura "le preocupa" porque, además, están "metiendo miedo" a los astilleros. Almunia ha añadido que en la propuesta de la decisión que la CE, previsiblemente adoptará la próxima semana, se recoge que "los únicos que tienen responsabilidad para devolver las ayudas son los inversores".  

  Además, ha indicado que en la propuesta de decisión se recoge que "los inversores y los grupos de interés económico que formaron esos inversores recibieron unas ayudas de tipo fiscal en términos de reducción de su carga impositiva que no son compatibles, a nuestro modo de ver, con la normativa europea" y que tienen que devolver a la Hacienda española que es "quien les dio la ayuda".  

  En este sentido, ha señalado que "quien tiene que encargarse de la recuperación de esas ayudas es la Hacienda española". Tras lamentar, que esta propuesta de decisión de la CE "se ha ido tergiversando", Almunia ha insistido en que la situación de los armadores "está clara" y "no tienen que devolver ni un solo euro de ayudas".

   "Los únicos destinatarios de nuestra propuesta de decisión son la Hacienda central, que tiene la obligación de recuperar las ayudas fiscales no compatibles con la legislación común, y los inversores que se beneficiaron de esas ayudas en la medida en que estas no sean compatibles con la normativa europea", ha insistido.  

  El comisario ha explicado que hay "un sistema de "tax lease" aprobado el pasado noviembre, publicado en el BOE, negociado previamente con la Comisión Europea con una decisión formal de la Comisión que declara que ese sistema vigente es plenamente compatible con las normas europeas" y que es al que debe recurrirse para solicitar ayudas. Al respecto, ha manifestado su deseo de que ese sistema "que cuenta con todas las garantías y no tiene riesgos" se utilice porque "es verdad que el sector de los astilleros en España necesita ayudas".   

 En todo caso, ha indicado que "lo que no puede ser es que se quiera basar el futuro de un sector en un tipo de ayudas que ni fueron notificadas en su día, ni son, por desgracia, compatibles con la normativa" y que, además, "no han beneficiado directamente a los astilleros, sino que han beneficiado a los inversores".  

  Preguntado sobre si es posible un cambio en la propuesta de decisión de la Comisión, el comisario ha indicado que esta es "eminentemente jurídica" por lo que toda propuesta de modificación debería estar respaldada "por argumentos jurídicos convincentes".

TELECOMUNICACIONES.

    Por otro lado, preguntado sobre el registro por parte de autoridades de Competencia europeas en sedes de grandes compañías de telecomunicaciones europeas, Almunia ha indicado que "ha habido inspecciones en varias" en el marco de la investigación de "un caso "anti-trash", de Competencia, que tiene que ver con la manera en que se transmite información a través de las redes de Internet".   

 "Hemos procedido como se hace en casos similares a unas inspecciones para obtener información", avisando a las compañías o no, ha puntualizado, para añadir que si esa información "corrobora que hay que seguir adelante en una decisión "anti-trash", antimonopolio, se tomará la decisión" y sino se cerrará el caso.