La Comisión Europea ha propuesto este miércoles que la UE pueda forzar a los países en crisis a pedir asistencia financiera con el objetivo de evitar un agravamiento de la situación y un aumento de los costes del rescate.    Cuando se considere que la situación financiera de un país pone en riesgo al conjunto de la eurozona, las nuevas reglas permitirán a Bruselas aconsejar al Estado en cuestión que pida asistencia financiera.   

 Aunque se trate sólo de una recomendación, en la práctica la reacción de los mercados obligará al país a buscar ayuda.

   El comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha explicado en rueda de prensa que la experiencia de Grecia, Portugal e Irlanda demuestra que "un Estado miembro normalmente quiere evitar un programa (de rescate) hasta el último momento".

   "Esto ha provocado que la situación empeore significativamente entretanto para el país afectado y para el conjunto de la eurozona, y ha aumentado los costes para otros Estados miembros e incrementado las necesidades de financiación también", ha resaltado Rehn.  

  Las nuevas reglas, que deben ser aprobadas por los Gobiernos y la Eurocámara, permitirán que la UE plantee cambios a los presupuestos de los países con déficit excesivo cuando detecte desviaciones en los objetivos de ajuste fiscal.  

  En todo caso, la última palabra para aprobar las cuentas públicas la seguirán teniendo los parlamentos nacionales porque lo contrario exigiría una reforma del Tratado. "Con las nuevas reglas, los presupuestos nacionales los prepararán por supuesto los Gobiernos y los votarán los parlamentos nacionales", ha dicho el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, en rueda de prensa.  

  No obstante, Alemania, Países Bajos o Finlandia ya han pedido ir mucho más lejos y realizar un cambio en los Tratados para que la UE pueda intervenir directamente en los presupuestos nacionales de los países incumplidores, que perderían así el control de sus cuentas públicas.  

  La legislación permitirá a la Comisión y al Consejo examinar los borradores de los presupuestos nacionales ex-ante y adoptar una opinión sobre ellos antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales.  

  Si un país presenta un presupuesto que no es compatible con las reglas comunes, la UE podrá pedir una segunda lectura del Parlamento y también enmiendas a lo largo del ejercicio si se detectan desviaciones respecto a los objetivos. Los países con más problemas quedarán sometidos a una vigilancia reforzada de Bruselas.  

  En la actualidad, este tipo de supervisión sólo se usa con los países rescatados: Grecia, Portugal e Irlanda. Anticipando la entrada en vigor de la nueva legislación, Italia ha aceptado ya someterse a la vigilancia de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no está recibiendo asistencia financiera.

   La norma exige además que todos los países introduzcan, preferentemente en su Constitución como ha hecho España, límites al déficit y a la deuda. Además, obliga a basar los presupuestos en previsiones económicas elaboradas por entidades independientes.