En rueda de prensa conjunta para valorar las enmiendas que se han presentado en el Senado a la reforma laboral, Górriz y Ferrer se mostraron convencidos de que la ley saldrá de la Cámara Alta peor de lo que entró, produciéndose un nuevo recorte de derechos a los trabajadores que da aún más motivos para ir a la huelga del 29 de septiembre.  

  Los representantes sindicales insistieron en que la reforma laboral planteada es "ineficaz, injusta y regresiva" pues no contiene ni un sólo elemento que pueda considerarse "progresivo" respecto a legislaciones anteriores.

   Coincidiendo con el trámite de la reforma laboral en el Senado, Ferrer y Górriz criticaron el "falso e interesado" debate que ha suscitado el Gobierno en torno a sancionar a los parados con la pérdida de su prestación en caso de rechazar ofertas de empleo y formación.  

  Los sindicatos ven las pretensiones del Ejecutivo de recortar de 100 a 30 días el periodo de gracia para rechazar ofertas como un "ataque" a los desempleados, cuando no son ellos los culpables de la destrucción de empleo en España. "En 2009, sólo fueron sancionados 8.000 desempleados. No estamos en un país donde ese sea el problema", argumentó Ferrer.  

  A CC.OO. y UGT les llama la atención que este tema haya sido objeto de una enmienda en el Senado presentada por el PSOE cuando en el Congreso no se planteó ninguna modificación al respecto. Tampoco hubo propuestas del Gobierno en esta dirección en los tres documentos que puso sobre la mesa durante lo que duró el proceso de diálogo social.

EL GOBIERNO QUIERE HACER CAJA.

   Los sindicatos creen que detrás de todo esto el Gobierno persigue el objetivo de recortar las prestaciones por desempleo y "maquillar" las cifras de paro. En este sentido, denunciaron que el Ejecutivo ya ha introducido recortes en los 426 euros, una ayuda que ahora no podrán percibir los desempleados de entre 30 y 45 años sin cargas familiares.   

CC.OO. y UGT calculan que esta restricción afectará a unos 70.000 desempleados. Permitir que este colectivo volviera a beneficiarse de esta ayuda costaría 100 millones de euros, una cantidad no demasiado elevada para los sindicatos teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que ha recibido la banca.   

Además de querer hacer caja con las prestaciones por desempleo, Ferrer y Górriz criticaron al Gobierno por querer hacer del paro un negocio al permitir que las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro funcionen como intermediarios laborales.  

  Los representantes sindicales señalaron que no se puede criminalizar a los parados por no aceptar ofertas porque en realidad no las hay, debido al mal funcionamiento de los servicios públicos de empleo y a la escasa inversión que hace España en políticas activas de empleo. De hecho, pese a que la tasa de paro española dobla la media europea, la inversión española en políticas activas representa menos de la mitad que la europea.

   Para CC.OO. y UGT, en vista del empeoramiento de la reforma laboral y de que la reforma de pensiones que se avecina se hará también al dictado del FMI, el Ecofin y el BCE, hay hoy más razones que ayer para secundar la huelga general del 29-S, de la que los sindicatos se muestran convencidos de que será un éxito.  

  "Todas las huelgas generales en este país las hemos ganado los sindicatos. Siempre hemos conseguido que aumentara el gasto social y se redujeran las agresiones a los trabajadores y aquí va a ocurrir tres cuartos de lo mismo", declaró Górriz.