Las últimas actuaciones del Gobierno, que pasan por la preparación del terreno para una eventual concesión de indultos a los condenados por el 'procés', la anunciada reforma de la sedición o la falta de una estrategia común en las alegaciones que PP y PSOE presentarán al documento que se votará el próximo 21 en el Consejo de Europa han generado preocupación entre miembros del Tribunal Supremo. Estos muestran su malestar por lo que entienden que son "maquinaciones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabe declarando una falta de proporcionalidad en las condenas dictadas en su día contra los líderes independentistas.

Así lo han señalado miembros del alto tribunal a Europa Press, que inciden en que los movimientos del Gobierno les merecen más malestar que el que puede pensarse que les habrían podido suponer los votos particulares que dos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que se realizaron en las primeras sentencias dictadas en este asunto. El TC ha validado las condenas a cuatro de los presos por sedición y malversación, si bien dos magistrados progresistas ven posible vulneración de derechos en el procedimiento judicial al que fueron sometidos.

La modificación de la sedición preocupa, pese a que tardará en ser una realidad en el Código Penal hasta que concluya su trámite parlamentario, pero no porque pueda servir para "vestir" los indultos que pueden concederse en una semana, sino porque abundan en la teoría de una supuesta desproporción de las penas aplicadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó los hechos

De este modo, según las fuentes consultadas, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá argumentar que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón en el caso de que, en el plazo de unos dos años, se conozca una resolución de este órgano que condene a España precisamente por condenar a los líderes independentistas de forma desproporcionada, una opción que no creen descartable.

INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA

En este contexto, fuentes jurídicas consultadas se muestran bastante de acuerdo con el análisis realizado por la plataforma Foro de Profesores sobre el proyecto de Resolución basado en el memorándum del relator Boriss Cilevics y aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que analiza la situación creada en España como consecuencia de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Este análisis es el que someterá a votación el próximo día 21.

El Foro de Profesores es una asociación cívica creada por profesionales del Derecho en 2017 como respuesta al tratamiento internacional, periodístico y académico del referéndum de independencia en Cataluña.

Según su análisis, la propuesta de resolución del diputado letón no solamente incluye errores sino que desgrana una visión parcial, carente de objetividad y avanza unas conclusiones que no solamente son inadecuadas en relación a lo realmente sucedido, sino que suponen la legitimación de la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley.

Tras apuntar los errores del citado documento respecto a los hechos acontecidos, los expertos concluyen, y magistrados consultados coinciden en este análisis, que la propuesta de resolución que debatirá el Consejo de Europa hace una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. Se trata de una visión que coincide en buena medida con la propaganda nacionalista, añaden.

VISIÓN SESGADA QUE COINCIDE CON LA PROPAGANDA NACIONALISTA

La propuesta supone, según agrega el documento, una crítica a la actuación de los tribunales españoles que resulta gratuita, en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones --en relación a la malversación, por ejemplo-- y carece de rigor jurídico, al insistir en la ausencia de violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de violencia.

Se trata de una crítica según las fuentes consultadas que roza la intromisión en la función judicial y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos, como la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos para el referéndum ilegal, quede sin sanción.

Las últimas actuaciones del Gobierno, que pasan por la preparación del terreno para una eventual concesión de indultos a los condenados por el 'procés', la anunciada reforma de la sedición o la falta de una estrategia común en las alegaciones que PP y PSOE presentarán al documento que se votará el próximo 21 en el Consejo de Europa han generado preocupación entre miembros del Tribunal Supremo. Estos muestran su malestar por lo que entienden que son "maquinaciones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acabe declarando una falta de proporcionalidad en las condenas dictadas en su día contra los líderes independentistas.

Así lo han señalado miembros del alto tribunal a Europa Press, que inciden en que los movimientos del Gobierno les merecen más malestar que el que puede pensarse que les habrían podido suponer los votos particulares que dos de los miembros del Tribunal Constitucional (TC), que se realizaron en las primeras sentencias dictadas en este asunto. El TC ha validado las condenas a cuatro de los presos por sedición y malversación, si bien dos magistrados progresistas ven posible vulneración de derechos en el procedimiento judicial al que fueron sometidos.

La modificación de la sedición preocupa, pese a que tardará en ser una realidad en el Código Penal hasta que concluya su trámite parlamentario, pero no porque pueda servir para "vestir" los indultos que pueden concederse en una semana, sino porque abundan en la teoría de una supuesta desproporción de las penas aplicadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó los hechos

De este modo, según las fuentes consultadas, el Gobierno de Pedro Sánchez podrá argumentar que el Tribunal de Estrasburgo le ha dado la razón en el caso de que, en el plazo de unos dos años, se conozca una resolución de este órgano que condene a España precisamente por condenar a los líderes independentistas de forma desproporcionada, una opción que no creen descartable.

INFORME DEL CONSEJO DE EUROPA

En este contexto, fuentes jurídicas consultadas se muestran bastante de acuerdo con el análisis realizado por la plataforma Foro de Profesores sobre el proyecto de Resolución basado en el memorándum del relator Boriss Cilevics y aprobado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que analiza la situación creada en España como consecuencia de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Este análisis es el que someterá a votación el próximo día 21.

El Foro de Profesores es una asociación cívica creada por profesionales del Derecho en 2017 como respuesta al tratamiento internacional, periodístico y académico del referéndum de independencia en Cataluña.

Según su análisis, la propuesta de resolución del diputado letón no solamente incluye errores sino que desgrana una visión parcial, carente de objetividad y avanza unas conclusiones que no solamente son inadecuadas en relación a lo realmente sucedido, sino que suponen la legitimación de la desobediencia a los tribunales, el acoso a los funcionarios judiciales y la actuación de los poderes públicos al margen de la ley.

Tras apuntar los errores del citado documento respecto a los hechos acontecidos, los expertos concluyen, y magistrados consultados coinciden en este análisis, que la propuesta de resolución que debatirá el Consejo de Europa hace una presentación sesgada, parcial e interesada de los acontecimientos que tuvieron lugar en Cataluña en septiembre y en octubre de 2017. Se trata de una visión que coincide en buena medida con la propaganda nacionalista, añaden.

VISIÓN SESGADA QUE COINCIDE CON LA PROPAGANDA NACIONALISTA

La propuesta supone, según agrega el documento, una crítica a la actuación de los tribunales españoles que resulta gratuita, en tanto en cuanto no aporta evidencias en relación a los errores que pudiera haber en sus conclusiones --en relación a la malversación, por ejemplo-- y carece de rigor jurídico, al insistir en la ausencia de violencia en los hechos imputados cuando el tipo aplicado no requiere la existencia de violencia.

Se trata de una crítica según las fuentes consultadas que roza la intromisión en la función judicial y que, además, propugna que determinadas privaciones de derechos, como la utilización ilegal de datos personales de los ciudadanos para el referéndum ilegal, quede sin sanción.