La ley de tasas judiciales, que contempla incrementos de entre 50 y 750 euros y la introducción del sistema en la jurisdicción social también para las personas físicas, ha quedado este miércoles definitivamente aprobada tras el rechazo por el Pleno del Senado de hasta 6 vetos y 150 enmiendas defendidas por todos los grupos parlamentarios con excepción del PP.   

 Los diferentes senadores en la oposición que han intervenido en el debate coinciden en criticar el afán recaudatorio del Ministerio de Justicia y sobre todo en que quede afectado el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva. Consideran que este proyecto la creación de una Justicia para pobres y otra para ricos.   

 Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este mismo mes de noviembre. Se cumplen así las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté plenamente vigente el próximo año.  

  El proyecto, que ha merecido también el rechazo de la práctica totalidad de los operadores jurídicos, regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Se ha tramitado por el procedimiento de urgencia después de que saliera adelante en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del PP en una sesión en la que la oposición se ausentó del momento de la votación.    

  Respecto al proyecto original, ya en el Congreso se acordó modificarlo levemente para eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en el orden Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros.

IU y PSC-ICV EN HUELGA

    Durante el debate de este miércoles, que se prolongó por espacio ... tanto los diputados del IU como los del PSC-ICV estuvieron ausentes por haber secundado la huelga general, por lo que sus vetos quedaron sin defender.   

 Al defender su veto, el senador del PNV Joseba Zubía ha recordado al grupo popular lo poco que le importan al Gobierno la oposición mostrada al proyecto tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)como los colegios de notarios, registradores y procuradores. Ha destacado sobre todo las manifestaciones del Consejo General de la Abogacía, que ha pedido la retirada por unanimidad del proyecto por  consagrar una justicia para ricos y otra para pobres.  

  Tanto Zubía como la senadora de CIU Eva Parera han criticado la finalidad recaudatoria del proyecto, que en opinión de esta última es ilegal por ser contraria a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.   

"Estamos perjudicando a miles de despachos de abogados y procuradores, pequeñas y medianas empresas que también están sufriendo esta crisis", ha añadido Parera, para alertar después del hecho de que en algunas comunidades, como la catalana los ciudadanos serán gravados con una duplicidad de tasas.

JUSTICIA PARA LOS QUE NO TIENEN PODER  

  Por su parte, el senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera ha insistido en destacar el ataque que el proyecto supone a un derecho fundamental como es el de tutela judicial efectiva. "La gente que no se mueve en ningún ámbito del poder son los que necesitan del derecho y de la administración de justicia que haga imperar la fuerza de la razón, y no de la razón de la fuerza. Los que tienen recursos económicos no necesitan nada de esto, ya tienen sus relaciones.", ha manifestado.   

 Según Díaz Tejera Las clases medias y bajas no pueden gastarse, por ejemplo, los  1.200 euros que prevé la norma para un recurso de súplica. Ha añadido que si en la anterior legislatura los legisladores no estuvieron "a la altura" en materia de desahucios, como reconoce, ahora tienen la oportunidad de demostrarlo con este asunto que, de aprobarse, constituiría un "retroceso democrático".

   "Resulta inmoral decirle a la gente que no puede acudir al juez -ha manifestado el senador socialista- Que sea atendido tiene que ver con el contenido de su petición, no con el hecho de que tenga o no tenga perras".  

  Por su parte, y aunque su grupo no había presentado veto, el senador de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca lamentó el efecto disuasorio que tendrán las tasas, que "arrastrarán a muchas personas a la renuncia a hacer valer sus derechos". Se aplica una justicia de beneficiencia, a juicio de este senador, que es en lo que acabará la justicia gratuita, y la mayoría de españoles sufrirá en carne propia este retroceso histórico.   

 Por su parte, la senadora del PP Silvia Franco ha defendido el proyecto del departamento de Ruiz-Gallardón y ha asegurado que el acceso a los recursos establecidos se regula en ley ordinaria, por lo que el texto es respetuoso con la jurisprudencia constitucional.  

  Además, ha destacado la cuantía de la tasa puede ser recuperada si ganan el pleito, al ir aparejada a las costas. El sistema mixto, a excepción de Luxemburgo, está generalizado en los países europeos de nuestro entorno, según Franco.   

  La senadora popular ha recordado determinadas reformas realizadas durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que a su juicio impiden el acceso a la justicia, como la que elimina la apelación en juicios verbales cuya cuantía no llegue 3.000 euros. Frente a ello, ha asegurado que el proyecto de tasas supone realmente unan "redistribución social de los criterios de la justicia" porque "esta ley es solidaria".  

  "Hay que hacer una reflexión del uso de la justicia, porque hay usuarios masivos, grandes consumidores del servicio de Administración de Justicia -ha explicado- ¿Por qué un ciudadano normal que acude dos o tres veces tienen que financiarles? La tasa va a gravar especialmente a estos grandes consumidores de la justicia".   

 Los grupos de la oposición exigían mayoritariamente a lo largo de sus 150 enmiendas, entre otros cambios, la supresión de la tasa en el orden Social y la exención del pago para las personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro. Además, defendieron una rebaja generalizada de las tasas propuestas.

   Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.