Este proyecto, que llegó al Congreso el pasado mes de septiembre y que ha suscitado una veintena de comparecencias de expertos desde enero, ha sido objeto de diez enmiendas de totalidad que reclaman su devolución al Gobierno, presentadas por Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, UPyD, el PNV y cuatro formaciones del Grupo Mixto: Amaiur, BNG, Compromís-Equo, y ERC (los independentistas catalanes han registrado además un texto alternativo con su propia propuesta legislativa en esta materia).

   Lo que pretende ahora el Gobierno, en unas negociaciones protagonizadas por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, es convencer a los nacionalistas catalanes y vascos de que retiren de la votación sus enmiendas de devolución.

   El principal pero de CiU y PNV, que presentaron la misma enmienda de totalidad, es el título segundo de la Ley de Transparencia, el referido al Buen Gobierno, donde se contempla la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda sancionar y hasta destituir a cargos electos municipales e incluso autonómicos.  

   A su juicio, el proyecto implica una "clara extralimitación del ámbito competencial" y sitúa a los órganos autonómicos y locales en una posición de subordinación jerárquica respecto a órganos estatales" vulnerando su autonomía política. Según se informó Europa Press en fuentes parlamentarias, el Gobierno ofrece garantías a los nacionalistas de que el texto definitivo respetará las competencias autonómicas y municipales.

   En cuanto al PSOE, mantiene reparos de fondo a asuntos como la independencia de la agencia de evaluación de transparencia o las medidas de buen gobierno, que tachan de inconstitucionales, pero renunciaron a presentar enmienda de totalidad contra el proyecto del Gobierno esperando que se logre algún acuerdo cuando se empieza a debatir el articulado de la ley. Eso sí, y según anunció el martes la portavoz Soraya Rodríguez, el PSOE no va a apoyar al Gobierno en este primer test parlamentario, sino que se abstendrá en la votación.

   El resto de formaciones piden la devolución del proyecto al Gobierno al considerarlo insuficiente, entre otras cosas porque el texto de septiembre ha sido ampliamente superado por los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Constitucional, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la norma.

   Así, todos ellos critican que, aunque hay un pacto para imponer obligaciones de transparencia a partidos, agentes sociales e incluso la Corona, no se ha especificado cómo va a afectar exactamente la ley a estos organismos. También se quejan de que no se ha concretado qué entidades privadas que reciben financiación pública, como por ejemplo la confesiones religiosas, estarán concernidos por la ley, así como de los amplios límites que fija el proyecto para el acceso a la información pública.

   Por su parte, la Izquierda Plural, UPyD, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Equo coinciden en rechazar el texto del Gobierno porque no contempla el acceso a la información como un derecho fundamental y no tiene, por tanto, carácter orgánico. La mayoría de estos partidos también demandan que la Agencia de Transparencia que velará por el cumplimiento de la ley sea un órgano independiente y no dependiente del Gobierno como plantea el texto original.

ERC: LA CORONA Y LA FAMILIA REAL AL COMPLETO

   En el texto alternativo que ha presentado ERC, los independentistas catalanes vinculan el derecho de acceso a la información con el artículo 20 de la Constitución, es decir, le otorgan carácter orgánico. Además, establece que su ejercicio debe ser gratuito.

   Respecto al ámbito de aplicación, mencionan expresamente la "Jefatura del Estado, la Corona y la Familia Real", el "Ministerio Fiscal y todos los tribunales de justicia", la Administración General del Estado y la Administración local -pero no la autonómica- y otros organismos como la Seguridad Social o las fundaciones del sector público.      

   También proponen aplicar las obligaciones de transparencia a cualquier otra asociación, organismo, sociedad, entidad o federación que reciba dinero público, "exclusivamente respecto al destino de este dinero público" y, se explicita la afectación de "las organizaciones confesionales, los partidos políticos y los agentes sociales".

   Además, apuestan por el conocido como silencio positivo -en lugar del negativo que establece el texto del Gobierno- de manera que si el organismo interpelado no responde al peticionario quede obligado a darle la información demandada en un plazo determinado de tiempo. Piden una Agencia de la Transparencia independiente y que en seis meses el Ejecutivo presente un proyecto de Ley de Regulación de los grupos de interés o lobbies.

LA VICEPRESIDENTA, A LA TRIBUNA

   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, será la encargada de defender este jueves el proyecto ante el Pleno del Congreso frente a las enmiendas de la oposición.

   Según el calendario previsto, el 11 de junio los grupos presentarán sus enmiendas parciales, que se debatirán después en ponencia y comisión. Antes de su remisión al Senado, lo que podría ocurrir en julio, el Pleno del Congreso celebrará un segundo debate sobre la ley, donde el Gobierno espera sumar tanto al PSOE como a los nacionalistas.

   La tramitación en la Cámara Alta se iniciará a la vuelta del verano y la norma se aprobará definitivamente en otoño, aunque la parte relativa a transparencia no entrará en vigor hasta un año después de su publicación en el BOE para que la administración tenga tiempo de preparar toda la información que deberá hacer pública.