Las pensiones, la educación, las relaciones exteriores y la organización del Estado
representan cuestiones centrales para las que los ciudadanos frecuentemente
demandamos pactos de Estado que garanticen su estabilidad. Todas tienen importantes
implicaciones económicas; unas inmediatas y otras mediatas.
Sin embargo apenas se alcanza este consenso en cuestión de pensiones y de relaciones
internacionales y por razones diferentes.
En el primer caso -el sistema de pensiones- el consenso se facilita por la contundencia
de las cifras y la inmediatez del pago mensual que el Estado ha de hacer principalmente
a los jubilados. Cada mes tiene que haber dinero suficiente en la caja de la Tesorería
General de la Seguridad Social y esa necesidad perentoria acentúa la necesidad de
acuerdos estables. También van en el mismo sentido el progresivo envejecimiento de la
población española, la mayor esperanza de vida y el pertinaz desempleo juvenil que
empuja más allá de nuestras fronteras a los jóvenes más decididos a labrarse un porvenir
en países más prósperos.
En el caso de las relaciones exteriores la estabilidad de las alianzas españolas viene
impuesta por la importancia de nuestros socios internacionales a través de la Unión
Europea y la OTAN. Unos socios que no permiten devaneos a cambio de un
compromiso de garantizar en apoyo a España en caso de conflicto con Marruecos y
los países del Sahel africano, pero también de un apoyo decidido frente a las presiones
separatistas. En este sentido dice poco de España como Nación el hecho de que, presa
de injustificados complejos históricos, dependa más de la negativa de la Unión Europea
a aceptar como nuevo socio a una Cataluña independiente que de su propia capacidad
para resolver el problema separatista.
Pero si en materia de pensiones y relaciones internacionales tenemos una política de
Estado sólida, esta resulta inexistente en otros dos ámbitos extraordinariamente
importantes: la educación y la organización del Estado.
Los ciudadanos tenemos asumido que cada cambio de gobierno entre los dos grandes
partidos lleva parejo el cambio en la legislación educativa. En esta cuestión no hay
urgencia por los resultados. Nada que ver con lo que ocurre con la caja de las pensiones
que cada mes debe contar con el dinero suficiente para pagar a los jubilados. Cada
cambio en la ley educativa básica tendrá que esperar, como mínimo 16 años para ver
cuales son los conocimientos, competencias y empleabilidad de cada estudiante. Para
entonces no estarán en sus mismas responsabilidades los políticos que impulsaron la
reforma y, por tanto, no se les podrá pedir responsabilidades o premiar con el voto.
Por ultimo, el modelo de Estado sigue pendiente de una reforma en su organización que
acabe con la elefantiasica Administración en la que ha derivado el Estado de las
Autonomías. A diferencia de reformas como las que acaban de acometer dos de nuestros
socios europeos -Italia y Francia- nadie espera en España una reforma que adelgace el
tamaño de la Administración. Un adelgazamiento que de hacerse correctamente no
lesionara la calidad de los servicios públicos sino, por la vía de acabar con competencias                                    duplicadas y triplicadas, permitirá a los ciudadanos disponer de buena parte de sus
ingresos que ahora hay que pagar como impuestos.
Tanto la estabilidad del sistema educativo como la reforma del Estado podrá salir de
décadas de cambios continuos o aplazamientos inaceptables si las nuevas opciones
políticas emergentes coinciden encontrar espacios de acuerdo ente sus programas
electorales. Propuestas como las de UPyD, Ciudadanos o Vox deberían contribuir a
conseguir este necesario acuerdo.
No obstante, hay dos requisitos indispensables. Las opciones políticas que ahora
irrumpen deben demostrar una capacidad de llegar a acuerdos que hasta ahora no han
logrado. Los intentos fallidos de alcanzar acuerdos electorales en Cataluña entre UPyD
y Ciudadanos o la incapacidad de encontrar sinergías ante los comicios europeos, son
malos resultados. Pero, sin duda, el otro requisito indispensable es que los ciudadanos
valoremos o sancionemos con nuestros votos a quienes son capaces y a quienes no de
contribuir eficazmente a estos acuerdos de Estado que a todos nos incumben. Al fin y al
cabo, la soberanía reside en la Nación española.