Los grupos del PSOE y el PP en la Diputación de Cáceres han presentado al Pleno ordinario que se ha celebrado este viernes una moción conjunta "en defensa" de las diputaciones provinciales.

   Ante la polémica nacional suscitada durante los últimos días por el acuerdo tomado entre el PSOE y Ciudadanos (C's) en el marco de las negociaciones para formar gobierno, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, ha recalcado que la institución cacereña "es un modelo a seguir" debido a la labor que presta en los municipios de la provincia, de los que el 70% cuentan con menos de 1.000 habitantes, ha señalado.

   Así, la presidenta ha indicado que la Diputación "es la mejor herramienta de igualdad" entre territorios y "es imprescindible" para vivir en el mundo rural.

   Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Alfredo Aguilera, se ha sumado a sus palabras y le ha pedido al actual equipo de Gobierno que también manifiesten su opinión en el Congreso de los Diputados votando en contra de este futuro acuerdo.

   La moción, que ha contado con la abstención de C's, recoge que la provincia de Cáceres es una provincia "eminentemente rural", que cuenta con 227 entidades locales de escasa población y entre las que la Diputación de Cáceres es "la mejor herramienta para mantener la conexión" entre los territorios.

   Asimismo, detalla las acciones que la institución provincial realiza en los municipios y apunta que "sería inimaginable" el desarrollo que ha sufrido la provincia de Cáceres en los últimos años sin el trabajo de dicha administración.

PETICIÓN DE INVESTIGACIÓN

   En el orden del día, el Pleno ordinario ha desestimado por mayoría, gracias a los votos favorables del PSOE el recurso de reposición presentado por los grupos de la oposición (Partido Popular y Ciudadanos) con el objetivo de anular el pago de unas facturas "sin el procedimiento administrativo legal".

   En concreto, el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (C's) pretendían con esta medida anulara el acuerdo de modificación presupuestaria aprobado en el Pleno del pasado mes de diciembre a través del cual se haría frente al pago de unas facturas relativas a unas obras realizadas entre los años 2005 y 2009, cuando era presidente el socialista Juan Andrés Tovar, y cuya cuantía asciende a 473.000 euros.

   Según ha explicado en la rueda de prensa previa a la sesión el portavoz del PSOE, Fernando García Nicolás, las facturas ya han sido abonadas ya que las mismas están avaladas por todos los informes técnicos, que indican que "no existen los defectos de forma" que alega la oposición.

   En relación a este tema, también el Pleno ha rechazado la solicitud pedida por el PP y C's para la constitución de una Comisión Informativa Especial para "depurar responsabilidades" derivadas de estas contrataciones.

   El portavoz socialista ha explicado que la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el 22 de febrero, denegó la creación de una Comisión de Investigación debido "a la inexistencia de motivos que justifiquen la intervención" y puesto que "todas" las actuaciones se hicieron bajo el principio de "buena fe y confianza legítima" entre la administración y las empresas, ha explicado.

   Así, el diputado socialista ha recalcado que las obras cuentan con el procedimiento administrativo oportuno y que algunos de estos expedientes "están avalados" los jueces.

   Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Alfredo Aguilera, ha recalcado en repetidas ocasiones que "se mire por donde se mire" se trata de una cuestión "viciada de nulidad"; mientras que el diputado de C's, Víctor Peguero, ha asegurado que el informe "no queda claro" y recoge diversas "incongruencias".

   Además, el descontento de la oposición ha quedado reflejado de nuevo en la sesión tras la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria para el año 2016 con motivo de un procedimiento judicial que obliga a pagar 168.000 euros a la empresa Inyconex S.L., con referencia también a unas obras llevadas a cabo en carreteras de la provincia.

   En esta línea, Aguilera ha apuntado que se trata "de una nueva irregularidad" que ya "huele a cuerno quemado" pues los populares, ha señalado, desconocen "por completo" qué procedimiento se llevó a cabo.

   La sesión plenaria también ha servido para informar del cumplimiento por parte de la institución provincial en el cuarto trimestre de 2015 con la Ley de Morosidad, ya que el periodo medio de pago a proveedores es de 25,09. En este periodo, ha informado García Nicolás, se abonaron dentro del plan establecido 1.869 facturas por importe de más de dieciséis millones.

   Además, se ha aprobado el desarrollo de actuaciones y encomiendas de obras del Plan de Pedanías 2016 por un importe total de 540.000 euros; y el nombramiento de Alfonso Beltrán Muñoz como representante del Pleno de la Diputación Provincial en el Consejo Rector del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

   Finalmente, se ha acordado la modificación del Plan Activa 2016, cuya distribución final (18.564.567) quedaría de la siguiente forma: 7.570.720 euros para obras de la Diputación; 6.265.655 euros para obras encomendadas a los Ayuntamientos; 1.792.152 euros para Empleo; y 2.936.038 para Servicios.

El Gobierno apunta que eliminar las

diputaciones puede ser un paso para que

dejen de ser circunscripción electoral

  La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntado que la eliminación de las diputaciones puede ser "un paso" hacia que la provincia deje de ser la circunscripción electoral y que es lo que quizá subyace en el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, que suprime esta institución centenaria.

   Santamaría ha asegurado preguntada por este asunto que al eliminar estas organizaciones "se da un paso hacia su debilidad" para que siga siendo demarcación electoral, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   Ciudadanos ya planteó en su programa para las elecciones generales de diciembre un cambio radical del sistema electoral, que entre otras cosas introduciría circunscripciones electorales distintas a la provincia para evitar que en las más pequeñas sea más 'barato' el escaño que en las provincias grandes o comunidades autónomas uniprovinciales, como Madrid.

   Santamaría no ha hecho alusión a estos planteamientos de Ciudadanos. Se ha limitado a introducir sus sospechas cuando ha criticado que este partido y el PSOE hablen de suprimir las diputaciones tal cual existen ahora. "Quizá eso también es lo que subyace", ha apuntado.

   Por lo demás, en la línea de la crítica del PP de estos días, ha calificado de "incongruente" que se plantee crear un organismo nuevo, un consejo de alcaldes, en lugar de mantener el que ya existe, o que se hable de que se ahorrará dinero cuando las diputaciones utilizan fondos para los ayuntamientos, dinero que habría que seguir invirtiendo, y además son instituciones saneadas.

GUIÑO AL NACIONALISMO

   Sáenz de Santamaría ha apuntado además que el nacionalismo catalán siempre ha pedido sustituir las diputaciones provinciales por instituciones propias catalanas, las 'veguerías', como también ha puesto de manifiesto el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha subrayado.

   "Al final, eliminas las diputaciones provinciales y acabas multiplicándolas por comarcas, mancomunidades, veguerías, etc, etc", ha criticado.

   La vicepresidenta ha insistido en el coste económico que tiene el pacto PSOE-Ciudadanos, de unos 50.000 millones de euros según las cuentas que ayer hizo el PP. Preguntada por esos cálculos, qué es lo que suma esa cifra, Santamaría ha dicho que sólo el complemento salarial que se plantea "es buena parte" de esa cifra final.