Decisiones de esta semana tan aparentemente dispares como el desbloqueo de la
reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) o el principio de acuerdo de la Unión
Europea (UE) sobre el mecanismo de liquidación bancaria pueden no serlo del todo.
Ambas admiten una lectura imprescindible desde la perspectiva de la globalización
económica o de su reverso, la pérdida de la soberanía nacional de los países.
En el primer caso, la empresa sueca Bolidén abandonó la mina de Aznalcóllar tras la
rotura de la presa de contención de aguas contaminadas y el desastre natural al que dio
origen. Atrás se dejó a medio explotar una de las cortas, la de Los Frailes, donde la
Junta de Andalucía calcula que hay al menos 35 millones de toneladas de cobre, zinc y
plomo. Cuando la mayoría de las minas de cobre de la faja pirítica andaluza cerraron a
comienzos de este siglo, la tonelada de este mineral se vendía a 2.000 dólares; ahora
cotiza a 7.000.

La fuerte subida de su precio no sólo obedece a las nuevas necesidades industriales de
este y otros minerales sino al desarrollo de los fondos de inversión que los toman como
activo subyacente. De esta forma, los minerales (y otros muchos productos) ya no sólo
son una materia prima esencial sino también un activo financiero. El resto, la
comercialización internacional de las participaciones de esos fondos hasta niveles
desconocidos hasta hace apenas década y media, se debe al sacrosanto principio de la
libertad de circulación de capitales y a la aplicación de las nuevas tecnologías al
comercio.

Los economistas cuantitativos aún no han llegado a un consenso sobre qué parte de la
fluctuación del precio de las materias primas responde a cambios en su demanda como
tal y qué parte obedece a su ?financierización?. Posiblemente tampoco aquí se alcance
un amplio consenso científico y sólo quepa esperar disponer de mayor evidencia
empírica en un sentido o en otro. En lo que no existe disenso es el que la globalización
económica afecta al precio de los minerales y, presionado por un insoportable
desempleo regional del 36 %, ha facilitado un acuerdo entre la Administración andaluza
y la Administración General del Estado.

Coincidiendo con el tiempo en el que se producido el acuerdo de la retirada del recurso
ante el Tribunal Constitucional para la reapertura de la mina, los representantes de los
28 estados miembros de la UE han alcanzado un pacto para terminar de definir el
sistema de Unión Bancaria Europea.

Esta Unión se ha presentado como un plausible sistema que evite la socialización de
pérdidas de las entidades financieras en crisis de manera que, en adelante, las soporte el
propio sistema financiero. La idea no deja de tener un cierto tufo demagógico porque ya
el propio sistema financiero ha soportado una parte central del coste de la crisis por la
vía de la caída del precio en las acciones de sus propietarios. A lo anterior debe añadirse
que cualquier coste adicional que se les imponga (por ejemplo exigiendo aportaciones al
nuevo fondo para liquidar las quiebras), acabará trasladándose a sus clientes.
Sea como fuere y como consecuencia de este proceso de Unión Bancaria, el Banco
Central Europeo (BCE) empezará a actuar como supervisor único en otoño de este año,
luego entrará en vigor el Mecanismo Único de Resolución y después se creará el Fondo
Único de Resolución, financiado por las propias entidades financieras de la zona del
euro.

Se trata de una nueva cesión de soberanía nacional desde los estados que hasta ahora
(mal) supervisaban su sistema bancario a un gran hermano supervisor que resulta ser el
BCE. Pero ¡ojo! una cesión asimétrica. Alemania ha impuesto que sus cajas de ahorro
estén fuera de la supervisión del BCE. Otros países (Francia y Holanda), también. En
definitiva, hay países que se resisten eficazmente a su cesión absoluta de soberanía
nacional aunque se sirvan de los procesos de globalización económica para ampliar sus
mercados. Nadie discute a Gran Bretaña su papel determinante en las finanzas
mundiales pero nadie espera que cedan un solo ápice de su soberanía monetaria.
Está por ver si la Globalización es un proceso irreversible que implica la continua
cesión de soberanía a instituciones supranacionales inspiradas principalmente en reglas
financieras. Desde luego es un proceso contestado abiertamente tanto por el movimiento
antiglobalización de izquierdas como conservador. La reciente entrevista a Marie Le
Pen en una cadena de televisión española así lo puso de manifiesto.
De lo que no cabe duda es de que sin globalización no habríamos tenido una crisis
financiera del tamaño que todavía nos aqueja. No hubiésemos tenido que ceder
progresivamente soberanía nacional como la que recientemente obligó a modificar el
artículo 185 de la Constitución o ahora obliga a ceder la supervisión del sistema
bancario al BCE. Pero tampoco habría posibilidad de reabrir minas en la faja pirítica
andaluza.

En la sevillana localidad de Paradas y en la presentación del libro ?El devenir Príncipe
de la multitud? de Antonio Negri (Ediciones En Huída), uno de sus editores advertía no
haber votado a Christine Lagarde como directora gerente del influyente Fondo
Monetario Internacional. Así es, efectivamente. Tampoco elegimos a nuestros
alcaldes o presidentes de Gobierno. Elegimos a concejales o diputados y luego ellos
eligen alcalde o presidente. Por el camino de acentuar la representación indirecta, en
algún momento delegamos en los representantes la capacidad de ceder soberanía y,
siguiendo siguiendo, apoyar la candidatura de la Sra Lagarde al FMI o la de cualquier
otra persona a cualquier otro organismo supranacional.

No es cierto que sólo los económica y militarmente fuertes imponen sus decisiones. El
sistema de alianzas cooperativo entre los menos fuertes acaba refrendado la afirmación
matemática de que la suma de infinitésimos no es un infinitésimo; es una distancia
finita. Lo que ocurre es que a esa suma de infinitésimos se puede ir con ánimo
cooperativo pero sin entregar la soberanía antes de que nos la pidan, o se puede ir con
las llaves de la casa en la mano y ponerlas encima de la mesa ?del tirón?.