En la doctrina jurídica española, la traducción por Puig Brutau de la Obra de R. Serik  “Apariencia y realidad en las sociedades mercantiles“, cristalizó el debate sobre la doctrina del disregard del Sistema del Common Law. Efectivamente la jurisprudencia americana había formulado la teoría del disregard, por la cual, los tribunales pueden prescindir o superar la forma externa de la persona jurídica, para, penetrando a través de ella, alcanzar a las personas y a los bienes que se amparan bajo su cobertura, o lo que es lo mismo “lifting the veil” o la conocida teoría del “levantamiento del velo“, es decir, el desarrollo de la vieja creación jurisprudencial que autorizaba a “correr el velo de la forma de la persona jurídica“, que en nuestra doctrina y jurisprudencia, por todos Puig Brutau y F. de Castro, denominaron “doctrina de terceros “ y “ruptura del hermetismo de la persona jurídica“.

  Dados los límites de este artículo, citamos  solamente la emblemática Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, Sala Primera de lo Civil de 28 de mayo de 1.984, por la que nuestro Tribunal Supremo acogía la teoría del “levantamiento del velo“, diciendo textualmente “se ha decidido prudencialmente, y según casos y circunstancias, por aplicar por vía de equidad y acogimiento del principio de buena fe ( art. 7.1 del C.C. ), la tesis y práctica de penetrar en el “substratum” personal de las entidades o sociedades, a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, con el fín de evitar que al socaire de esa ficción o forma legal (de respeto obligado, por supuesto), se puedan perjudicar ya intereses públicos o privados o bien ser utilizada como camino del fraude (art. 6.4 del C.C.), en daño ajeno o de los derechos de los demás (art. 10 C.E) o contra interés de los socios, es decir, de un mal uso de su personalidad, de un ejercicio antisocial de su derecho (art. 7.2 del C.C.). Esta técnica del levantamiento del velo, iniciada en la jurisprudencia de los Estados Unidos, como ya hemos expuesto, a través de la “disregad of the legal entity“, “se ha revelado como una excelente herramienta para resolver los conflictos que frecuentemente se plantean entre seguridad jurídica y justicia material, haciendo prevalecer a ésta sobre aquélla, fundamentándose su aplicación por nuestros Tribunales indistintamente, según los casos, en el fraude de ley, en el abuso de derecho y en la buena fe (arts. 6.1 y 4, 7.1 y 2 del Código Civil)“.    

      Hoy, que contemplamos  como la corrupción ha arruinado a nuestra patria y que a millones y millones de españoles se les ha privado del derecho al trabajo,  que muchas de nuestras instituciones financieras han engañado a sus clientes con productos que suavemente les definiré como “tóxicos”, y que las instituciones del Estado han fallado estrepitosamente, es la hora, en la víspera de los idus de marzo, de aplicar la citada doctrina, no sobre las sociedades mercantiles y los ciudadanos contribuyentes, sino a las instituciones cuyo servicio es la defensa de la legalidad, el funcionamiento de los mercados ( sobre todo financieros ) y en último momento reestablecer la justicia, dando a cada uno lo suyo.       

   Es la hora de levantar el velo sobre el establishment institucional, tan culpable como la corrupta casta política, con la que en muchos casos ha efectuado un amoroso matrimonio, mientras los españoles pagamos la cama, que a pesar de la crisis cada día nos cuesta más cara.  

José María Álvarez Cuartas