La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asegura en su declaración como testigo en el caso Gürtel que no conocía al cabecilla de la trama, Francisco Correa. "No le he visto en mi vida, salvo en fotografía, después del auto de febrero de 2009. En las grabaciones que se entregaron al juez Garzón el señor Correa me ponía a a escurrir", indica.

Según se desprende de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo, a quien se atribuye la contratación de cientos de actos con empresas de la Gürtel a cambio del cobro de comisiones, "no era en absoluto hombre de su total confianza".

"Yo no puse a López Viejo en la lista, no era presidenta del partido entonces y no lo fui en noviembre de 2004", indica antes de negar que le prohibiera contratar actos con estas empresas, entre ellas Special Events y Easy Concept.

"Yo no prohibí nada", insiste la expresidenta en varias ocasiones a lo largo de sus respuestas, ofrecidas por escrito durante casi cinco horas en su despacho de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Explica que habló con su consejero tras conocer a través de la revista Interviú de que personas vinculadas al PP podían estar obteniendo contratos gracias a su mediación y él se lo negó.

"Yo me quedo tranquila porque era raro. Yo había leído en algún sitio que esas empresa de las amistades peligrosas, que luego se han llamado grupo Correa, tenían algo que ver con paraísos fiscales", dice.

Aguirre niega tener conocimiento sobre las empresas con las que contrataba su comunidad y la forma de contratación. Asegura que "nunca" dió instrucciones "para contratar con ninguna empresa y que no se ocupaba "de la organización de actos ni en el Gobierno ni en el Partido". "Mi gabinete jamás tuvo ningún contacto con las empresas de Correa", concreta.

"No me ocupaba de quién ponía la iluminación, el sonido para que se pudieran enchufar las radios y televisiones, las sillas, las traseras, los atriles etc. No creo que ningún presidente de empresa, alcalde, ministro o presidente autonómico sepa quién es el encargado de poner la megafonía en sus actos", dice.

La expresidenta explica que su papel en los actos a los que asistía consistía en preparar las palabras que tenía que pronunciar, enterarse de las personas que iban a asistir, estudiar la situación social y política del municipio, distrito o barrio donde tenía lugar el acto y estudiar a fondo el tema del acto "para poder responder a las preguntas de los periodistas o a las quejas o propuestas de los vecinos".

"Yo estaba segura de que todos los contratos de la Comunidad de Madrid se realizaban por los procedimientos legalmente establecidos", destaca Aguirre que desvela que ha conocido a posteriori que López Viejo "amenazaba" con su no asistencia a los actos "para vencer resistencias en el caso de que existieran".

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS

Aguirre también aduce desconocimiento respecto al fraccionamiento de los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a las empresas de Correa para que no superaran el límite de 12.000 euros y evitar de este modo que se sometieran a concurso público. "Si lo hubiera sabido lo habría impedido", destaca antes de añadir que cuando tuvo conocimiento de esta situación, decidió "cesarle inmediatamente".

En las 48 páginas de declaración, Aguirre mantiene que se enteró de las actuaciones que llevaba a cabo López Viejo "por el auto del juez Garzón en febrero de 2009", cuando ordenó la detención de los principales cabecillas de la trama Gürtel. "La medida que adopté fue exigirle la dimisión y ordenar que la Comunidad de Madrid se personara como acusación en el procedimiento", afirma.

En otro punto del interrogatorio la exjefa del Ejecutivo regional es cuestionada por más de un centenar de actos de la Comunidad de Madrid en los que participó que fueron fraccionados por López Viejo. En cinco ocasiones contesta: "Todos estos actos creo que se celebraron. Yo asistí a bastantes de ellos pero no me ocupaba de su contratación".

NO TOMABA DECISIONES

Aguirre también niega que tomara decisiones sobre "las modificaciones de carácter estético u operativo" que se producían en los eventos en los que participaba. Al ser preguntada si ordenó la instalación de gradas retráctiles en el acto del 2 de mayo de 2007, apunta: "Puede que en aquella fecha la Puerta del Sol estuviera levantada por las obras de la estación del tren de cercanías y, al tener que celebrar el desfile en la plaza, se hablara de este tipo de gradas, pero no lo recuerdo".

El abogado del presunto número dos de la trama, Pablo Crespo, también pregunta a Aguirre si conocía a Isabel Jordan, administradora de Easy Concept. "La he conocido por fotos que han aparecido de ella", responde. "¿Recuerda usted, incluso, cómo solicitaba a dicha señora consejos sobre maquillaje?", insiste el abogado de Crespo, Miguel Durán. "No", zanja la presidenta regional.

Aguirre califica en otro punto como "absolutamente falso" que la Comunidad de Madrid contraprogramara sus actos con la intención de que se celebraran antes que los del Ayuntamiento, que dirigía en aquellos años como alcalde el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

OPERACIÓN ARGANDA

La expresidenta madrileña también respondió a preguntas efectuadas sobre la adjudicación irregular de terrenos en la localidad madrileña de Arganda del Rey a la constructora Martinsa-Fadesa. A este respecto precisa que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta la citó en 2004 en la sede del partido y le advirtió en el despacho del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y "en su presencia" que en los ayuntamientos de Majadahonda y Arganda pretendían vender "parcelas edificables a un precio tasado".

"La advertencia del tesorero iba en la dirección de tratar de impedir que los ayuntamientos sufrieran una pérdida patrimonial importante porque el precio tasado es inferior al del mercado", recuerda la testigo que indica que llamó "inmediatamente" a los alcaldes de los municipios.

El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, le indicó en una conversación telefónica que la parcela estaba ya adjudicada, a precio tasado, y que el procedimiento había sido absolutamente legal, con la unanimidad de todos los grupos políticos, destaca Aguirre.