Amnistía Internacional (AI) ha advertido de que durante 2017 el mundo entró en una "nueva era" en la que los derechos y libertades fundamentales ya no están garantizados ni en el llamado primer mundo, debido a la imposición del "discurso de odio", que ha derivado en "la discriminación a gran escala de los grupos marginados", como refugiados, inmigrantes y minorías étnicas y religiosas, según el informe anual elaborado por la ONG.

"En 2017 el mundo ya ha sufrido las terribles consecuencias de haber permitido que los discursos de odio, de miedo, de nosotros contra ellos, pasaran de la retórica a la realidad", ha dicho la presidenta de AI en España, Arancha Vicario, durante la presentación del informe en Madrid.

La ONG ha señalado como principal motor de esta tendencia global al Gobierno de Donald Trump, que arrancó su mandato con un veto migratorio a nacionales de países de mayoría musulmana. Sin embargo, aunque "preparó el terreno para un año en el que quienes ejercían el liderazgo llevaron la política del odio hasta sus últimas y más peligrosas consecuencias", no ha estado solo, ha indicado el secretario general de AI, Salil Shetty.

"Y ahora se ciernen sobre el mundo los fantasmas del odio y el miedo", ha lamentado. Mientras que los gobiernos que salen en defensa de los Derechos Humanos "son pocos", hay líderes como el egipcio Abdelfatá al Sisi, el filipino Rodrigo Duterte, el venezolano Nicolás Maduro, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, entre otros, que "menoscaban sin piedad los derechos de millones de personas", ha enfatizado Shetty.

Como ejemplo, Amnistía Internacional ha mencionado "la situación de Apartheid" que sufren los rohingya, una minoría étnica de fe musulmana que habita el estado birmano de Rajine. Desde el pasado 25 de agosto, cuando estalló "la terrible campaña militar de limpieza étnica", unos 700.000 rohingya han huido a Bangladesh, si bien para la ONG "las señales de alarma eran visibles desde hacía tiempo".

La organización también ha puesto el foco sobre la situación de los inmigrantes y refugiados que, según denuncia, se sigue abordando por parte los "países ricos" con "una mezcla de evasión de responsabilidades y de absoluta insensibilidad, considerando a estas personas no como seres humanos con derechos, sino como problemas que hay que apartar".

Europa, ha alarmado, "sigue deslizándose hacia un estado de 'segurización' casi permanente. En el caso de Francia, aunque se derogó el estado de excepción declarado a raíz de los atentados de París, se ha adoptado una nueva ley antiterrorista que ha incorporado muchas de las medidas del estado de excepción.

Por otro lado, la ONG ha destacado "la débil respuesta" a los crímenes de guerra y lesa humanidad que se han registrado en el último año en Yemen, Siria o Irak. AI ha lamentado que las partes en conflicto "han renunciado en ocasiones a fingir siquiera que cumplen con su obligación de proteger a la población civil".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Además, el director de Amnistía Internacional para España, Esteban Beltrán, ha advertido de que, a juzgar por 2017, este año "la libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los Derechos Humanos".

AI ha comentado en este sentido "el impacto de las 'noticias falsas' como herramienta para manipular a la opinión pública" y ha vaticinado que "es probable que la capacidad tecnológica de difuminar la distinción entre realidad y ficción no haga más que aumentar en el futuro".

Beltrán ha reprochado a Trump que haya intentado "pública y compulsivamente" menoscabar a la prensa. Si bien "otros gobiernos han renovado su interés por controlar las redes sociales": en Togo las autoridades se apoderaron de Internet durante las recientes protestas opositoras; y China, "por si no fuera suficiente el nivel de control" ya existente, ha aprobado una nueva ley de ciberseguridad para "censurar el contenido de los usuarios", ha recordado Beltrán.

Ha crecido igualmente la persecución a la prensa. De acuerdo con la ONG, en 2017 un total de 262 periodistas fueron encarcelados por su trabajo, sobre todo en Turquía, Egipto y China y en 28 países de África --"más de la mitad del continente", ha enfatizado Beltrán-- se han impuesto restricciones a los medios de comunicación. México, ha dicho, "es un lugar especialmente triste": solo el año pasado mataron a 11 informadores "con total impunidad".

Esta persecución se extiende a los defensores de los Derechos Humanos. El año pasado 312 fueron asesinados. Yolanda Oqueli, activista guatemalteca, ha contado que tuvo que emigrar a España "para proteger la vida". "En mi caso sufrí un atentado", por defender el planeta de los grandes proyectos de las multinacionales, "tarea que nos corresponde a todos", ha relatado.

Las ONG no han quedado al margen. Amnistía Internacional ha sufrido la detención de su presidente y su directora en Turquía, Taner Kiliç e Idil Eser, respectivamente. Y en Hungría, ha criticado Beltrán, el Gobierno de Viktor Orban ha lanzado una ley para las organizaciones que reciben financiación extranjera que perseguiría en realidad limitar su labor.

Asimismo, la protesta se ha visto criminalizada. "En Venezuela, cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente y muchas más sufrieron las consecuencias del uso excesivo e indebido de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad", ha recordado la ONG en el informe.

"APOCALIPSIS DE AUSTERIDAD"

Beltrán ha definido como otra amenaza a los Derechos Humanos en todo el mundo el "apocalipsis de austeridad" que se vivió en 2017.

En su opinión, los gobiernos han dado una "respuesta anacrónica" a la crisis económica que se ha traducido en un recorte de los derechos a la salud, la educación y la vivienda. Como botón de muestra, en Reino Unido se calcula que durante el año pasado su produjeron unas 120.000 muertes por las restricciones de acceso a servicios sociales, ha precisado.

"El futuro es desalentador", ha afirmado. "Si prosiguen las políticas de austeridad, se prevé que (...) en los próximos tres años la austeridad golpeará a más de dos tercios de los países del mundo afectando a más de 6.000 millones de personas y destruyendo el siete por ciento del PIB mundial", ha pronosticado.

"REACCIÓN SOCIAL"

Frente a todo ello, ha valorado Vicario, se ha producido una "reacción social". Los movimientos de protesta han resurgido con fuerza en todo el mundo y prueba de ello son las manifestaciones antigubernamentales en Venezuela o Irán y la iniciativa Me Too contra el acoso a las mujeres.

Además, Amnistía Internacional ha enunciado "importantes victorias" obradas en 2017, como el levantamiento de la prohibición total del aborto en Chile, el avance hacia el matrimonio igualitario en Taiwán y el freno a los desalojos forzosos en Nigeria.

Aunque "hablar claro al poder se está volviendo cada vez más peligroso", ha subrayado Beltrán, "en un clima en el que los gobiernos están utilizando la comunicación de masas para infundir miedo y controlar la libertad de expresión, es más importante que nunca que alcemos la voz".

Más de 120 miembros de ONG fueron

despedidos o perdieron el trabajo en 2017

por comportamiento sexual inadecuado

Más de 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales internacionales fueron despedidos o perdieron sus trabajos el año pasado debido a comportamientos sexuales inadecuados, según un sondeo realizado por Thompson Reuters Foundation.

A raíz del movimiento #MeToo contra el acoso y el abuso sexual, la fundación entrevistó a 21 organizaciones internacionales para averiguar los casos entre sus trabajadores.

La primera parte del sondeo, publicada la semana pasada, reveló que sólo seis de las agencias contactadas en un primer momento en noviembre se mostraron dispuestas a responder, entre ellas Save the Children, sacudida por un escándalo en Haití.

Las que no respondieron o no dieron todos los detalles fueron contactadas de nuevo esta semana junto a otras once ONG.

En esta ocasión, diez respondieron con detalles sobre el cese o pérdida del trabajo de 61 trabajadores por acusaciones de comportamiento inapropiado, cifra que se suma a las 63 informadas la semana pasada.

El Consejo Noruego para los Refugiados ha desvelado que cesó a cinco empleados por acusaciones de abusos sexuales, abuso y explotación sexual durante 2017, mientras que el Consejo Danés para los Refugiados (DRC) despidió a doce.

"Cada caso es ya demasiado y trabajamos a diario para evitar que pase", ha dicho el secretario general del DRC, Christian Friss Bach.

Por su parte, CARE International cesó a once miembros de su persona, mientras que otros cuatro dimitieron, vieron cómo sus contratos no eran renovados o abandonaron el organismo.

La organización Medical Corps cortó relaciones con cinco personas, al tiempo que investiga otros casos, mientras que la organización bangladeshí BRAC cesó a una persona y terminó relaciones con otras 22 por denuncias de acoso sexual.

A ello hay que sumar el cese de un trabajador de la organización británica Christian Aid por comportamiento inadecuado, mientras que otro fue sometido a un comité disciplinario.

Concern Worldwide ha desvelado que registró una media de dos incidentes de este tipo cada año durante la última década, tres cuartas partes de los cuales derivaron en ceses, sin dar más detalles.

El Comité Internacional de Rescate (IRC) no ha respondido a la petición de datos, si bien ha recalcado que avisa a los donantes de los casos registrados.

"Cuando hay acusaciones demostradas contra miembros del personal, se toman acciones disciplinarias apropiadas, entre las que puede estar la terminación del contrato", ha resaltado.

Megan Norbert, fundadora de Report the Abuse --una organización que recopila información sobre abusos sexuales contra trabajadores humanitarios, ha manifestado que "la transparencia es importante para tener conversaciones difíciles sobre un problema con el que hay dificultades para lidiar desde hace tiempo". "Es importante que trabajemos juntos para hacerle frente", ha remachado.