La organización ha documentado la represión con la que el Gobierno venezolano respondió a las protestas que se produjeron entre el 21 y el 25 de enero pasados, muchas de ellas en zonas populares donde las protestas no habían sido tan visibles hasta entonces y en las que hay una fuerte presencia de los llamados 'colectivos', los grupos armados que apoyan a Maduro.

En ese periodo, según ha denunciado AI en un comunicado, se contabilizaron al menos 41 muertos, todos por heridas de armas de fuego, mientras que más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 770 de ellas tan solo en la jornada del 23 de enero, que coincidió con la autoproclamación de Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, como "presidente encargado" de Venezuela.

Amnistía ha llevado a cabo una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy y Vargas y en distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, durante la que recabó más de 50 testimonios y documentó 15 casos emblemáticos, "algunos de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Derecho Internacional".

Según explica la ONG, las pruebas que ha recabado ponen de manifiesto "patrones comunes" y constatan que "las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas".

"La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva", ha subrayado la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas. "Su Gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza", ha añadido.

SEIS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DOCUMENTADAS

Amnistía ha conseguido documentar seis ejecuciones extrajudiciales, todas ellas a manos de las FAES y con el modus operandi similar ya que en todos los casos las víctimas tenían alguna relación con las protestas contra Maduro y todas fueron hombres jóvenes a los que las autoridades presentaron como delincuentes que se habían enfrentado con los agentes, que posteriormente manipularon las escenas del crimen.

"Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna", ha lamentado Guevara Rosas.

La ONG pone como ejemplo el caso de Luis Enrique Ramos, de 29 años, y ejecutado por efectivos de las FAES el 24 de enero en Carora después de que se le identificara como uno de los organizadores de las protestas. Los agentes allanaron de forma ilegal su casa, "sometieron a malos tratos a diez miembros de la familia", incluidos seis niños y procedieron a fotografiar y golpear al joven.

Tras sacar a la familia de la vivienda, "dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho", provocando su muerte inmediata, según Amnistía. A continuación, según los testigos, los agentes de las FAES "dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento" y arrastraron el cadáver, "violando así los protocolos mínimos de investigación penal".

En lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza, Amnistía tiene constancia de los casos de dos jóvenes muertos y otro heridos por armas de fuego a manos de las fuerzas de seguridad mientras participaban en las protestas antigubernamentale. Según la ONG, tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en estos operativos.

DETENCIONES ARBITRARIAS DE MENORES

Por otra parte, la organización Foro Penal Venezolano ha señalado que se produjo el arresto de 137 menores en todo el país entre el 21 y el 31 de enero. Amnistía ha conseguido documentar la detención arbitraria de seis personas, cuatro de ellas adolescentes que participaron o se encontraban en las inmediaciones de una protesta el 23 de enero en San Felipe.

Los detenidos han contado a la ONG que fueron golpeados e insultados durante el arresto y que les expusieron a sustancias irritantes y a privación del sueño, además de amenazarles de muerte. "Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población", ha subrayado Guevara Rosas.

En el caso de los cuatro adolescentes, se les acusó de delitos que en virtud de la legislación venezolana no conllevan el arresto de menores de edad y permanecieron recluidos durante ocho días por orden judicial. Una de las juezas a cargo de tres de los casos reconoció públicamente que le habían ordenado mantenerlos privados de libertad pese a que no había fundamento legal, tras lo cual, fue apartada del cargo y abandonó el país, según Amnistía.

Así las cosas, la ONG ha llamado a las autoridades venezolanas a desarticular la política de represión que se ha consolidado en el país en los últimos años y a cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos o crímenes de Derecho Internacional. Según Guevara Rosas, "las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades".

IMPUNIDAD TOTAL QUE PREVALECE EN VENEZUELA

Ante los "severos obstáculos" para acceder a la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tome medidas frente a la "impunidad total que prevalece en el país", incluida la creación de un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

Asimismo, la ONG ha señalado que la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) podría considerar los hechos denunciados y, de hallarlos fundamentados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

Por último, ha animado a los países que "genuinamente" están preocupados por la situación en Venezuela a explorar el ejercicio de la jurisdicción universal como alternativa para la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.

"La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades", ha defendido Guevara Rosas.