En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que también rechaza los interrogatorios a los exministros Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, el Ministerio Público argumenta que en cuanto a la existencia o no de delitos fiscales en los ejercicios 2007 y 2008, "pende un informe pericial que ilustre sobre las cuotas en su caso dejadas de ingresar por el Partido Popular".  

 El Ministerio Público especifica que sólo con la aportación de estos análisis policiales "se podrán concretar la existencia o no de hechos delictivos". En concreto se refiere a sendos informes de la Intervención General del Estado y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).  

  Entre tanto, Anticorrupción recomienda "cautela" y propone evitar realizar aquellas diligencias que "aunque puedan levantar interés político y social lo hacen sobre la base de unos hechos y expectativas de difícil acomodo en el proceso penal" o que ya han prescrito.

 PALABRA DE COSPEDAL

   Anticorrupción se pronuncia de esta forma en relación con la petición que realizó en julio pasado la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el "caso Gürtel" y en la pieza separada en la que se investiga la supuesta caja B de los "populares".

    La solicitud se produjo después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas asegurara en su declaración ante el juez que Rajoy y la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal habían percibido dos pagos no anotados en sus "papeles", uno en el verano de 2009 por importe de 20.000 euros y otro en marzo de 2010 de 25.000 euros.  

  La Fiscalía argumenta que esta afirmación de Bárcenas ha quedado contrastada con la realizada por la propia Cospedal, que negó "tajantemente" durante su declaración del pasado mes de agosto haber percibido este dinero.  

 Señala también que en los "papeles" se han detectado "divergencias entre anotaciones y saldos", concretamente en su página 14, que abarca el periodo de junio a diciembre de 2008. También existen divergencias entre las anotaciones y saldos de los ejercicios de 1997 y 1998 aportados en el pen-drive, con los que aparecen en los documentos manuscritos.

   La Fiscalía reprocha a ADADE que la solicitud de la declaración del presidente y asegura que se trata "de una diligencia de conveniencia orientada más bien a un interés extraprocesal que al que debe seguir todo procedimiento penal".  

 También argumenta que no se puede pedir el testimonio de Rajoy para que éste "ofrezca explicaciones" sobre la presunta percepción por su parte de pagos anotados en los "papeles" del extesorero Luis Bárcenas. "Incurre la acusación popular en un palmario y grave error en el entendimiento del principio de intervención mínima o "última ratio" del derecho penal", dice.